Aplazan la declaración del mayordomo de Marina Castaño, imputado por irregularidades en la Fundación Cela

El juzgado de instrucción número 53 de Madrid ha aplazado al día 11 de diciembre la declaración del que fue mayordomo de Marina Castaño, la viuda del Nóbel Camilo José Cela, que está imputado en la causa judicial que investiga irregularidades en la Fundación con sede en Iria Flavia, en Padrón (A Coruña).

Debido a un error del juzgado, que no ha citado a los abogados del resto de las partes --el de la viuda del Nóbel gallego y del exgerente de la Fundación Cela, Tomás Cavanna, imputados también en la causa; así como la acusación particular-- la declaración de Rubén Darío V.M. se aplaza al próximo mes de diciembre. Los abogados que intervienen en esta causa judicial tienen derecho a estar presentes en esta declaración.

El mayordomo de Castaño, que estaba llamado a declarar este viernes, 2 de octubre en un juzgado madrileño por ser su lugar de residencia habitual, está imputado en esta causa que investiga el juzgado número 2 de Padrón (A Coruña) sobre supuestos delitos de malversación, estafa, apropiación indebida y fraude en relación a la Fundación que homenajea al Nóbel gallego.

Por su parte, Castaño ya declaró el pasado mes de julio en los juzgados de Padrón por presuntamente cometer estos delitos, cita en la que "trató de justificar sus actuaciones en la gestión" de esta entidad cultural. Previamente, prestó declaración Cavanna, cuyo despido la jueza sospecha que ha sido simulado y el cual forma parte de la investigación.

TRABAJABA EN EL DOMICILIO DE CASTAÑO

En el escrito de la Fiscalía sobre este asunto, presentada a mediados de 2012 después de que una vecina de Iria Flavia denunciara irregularidades, se indicaba que varios empleados figuraban como trabajadores de la entidad cultural, pero que "en realidad prestaban sus servicios en actividades privadas del matrimonio Cela". De hecho, se apuntaba que en el caso del mayordomo lo hacía incluso en "el propio domicilio" madrileño de Castaño.

Así, la Fiscalía argumentó que el uso de subvenciones de la Fundación Cela para contratar a este personal y pagar sus salarios pese a que ejercían su trabajo en el ámbito privado "era una práctica habitual" desde hacía años.

La denuncia del fiscal ante el juzgado de Padrón contra María Castaño y su número dos les acusaba de supuestos delitos de malversación de caudales públicos. También denunciaba "base" para investigar la posible comisión de delitos de estafa, apropiación indebida y otros, como fraude fiscal, por el desvío a una sociedad privada de las devoluciones del IVA de la Fundación Cela, que está exenta de tributación, así como por cargar a esta entidad cultural gastos privados.

CONTRATADO POR LA FUNDACIÓN CELA

En el escrito judicial, la instructora del juzgado de Padrón afirmó que existen "indicios racionales" de que el ordenanza que fue contratado por la Fundación Camilo José Cela trabajaba en realidad en casa de Marina Castaño en Madrid.

En dicho documento, la jueza señaló que la contratación de Rubén Darío V.M., en la que también intervino el que era director gerente, "podría ser constitutivo de delito". "Como ya indicaba el fiscal en su escrito inicial", existen "indicios racionales de que esta persona en realidad prestó sus servicios en el domicilio de Madrid de la querellada Marina Castaño", recogió en el auto.

Como argumento, la jueza esgrimió que fue el domicilio que "facilitó para conseguir su regularización en España en todos los trámites desde el año 2001 hasta el año 2010". Con posterioridad a su baja en la fundación, por la que había sido contratado con centro de trabajo en Padrón, "fue dado de alta por la sociedad mercantil Letra y Tinta, propiedad de Marina Castaño", apuntó.

OTROS IMPUTADOS

En la investigación por las supuestas irregularidades de la Fundación Cela también permanece imputado Dositeo Rodríguez, miembro del Consello de Contas y exconselleiro en el Gobierno de Manuel Fraga. Está involucrado por el despido de Cavanna.

Esta misma semana, el Parlamento de Galicia rechazó, con los votos del PP gallego, la creación de una comisión de investigación para abordar la gestión y uso de fondos públicos en esta fundación, que tuvo que ser rescatada (en 2010) por la Administración autonómica. El resto de la oposición se mostró favorable a la iniciativa del BNG, que también pedía devolver a manos privadas esta entidad (algo lo que, sin embargo, contó con el voto en contra del PSOE).