Aprobado en Comisión el suplicatorio para que se juzgue al senador Goioaga por pertenencia o colaboración con ETA

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la propuesta a favor del suplicatorio ha contado en la Comisión con el voto en contra del portavoz de ERC y ex juez, Santiago Vidal (fue suspendido por participar en la redacción de una Constitución para Cataluña), quien esatudia un voto particular al Pleno.

La semana pasada, el senador vasco compareció ante esta comisión durante más de media hora y a preguntas de Santiago Vidal, aseguró que ya ha sido juzgado y estado en prisión por el delito de pertenencia a organización terrorista por el que está siendo investigado por el Tribunal Supremo, en relación con su labor con presos de ETA, según explicó en rueda de prensa posterior. Explicó también que su defensa ha remitido al Tribunal Supremo documentación que lo acredita.

Tras la comisión de hoy, el portavoz del PP, Sebastián Pérez, ha manifestado que su partido "siempre se ha mostrado favorable a la concesión de los suplicatorios, reclamados por el Tribunal Supremo".

CAUSA EN EL SUPREMO

El instructor en el Tribunal Supremo de la causa abierta contra Iñaki Goioaga solicitó permiso para investigarle por presunta integración o colaboración con organización terrorista tras descartar otros delitos de tipo económico que se le atribuyeron inicialmente al senador, como el blanqueo de capitales.

El senador declaró por voluntad propia ante el Supremo el pasado 2 de diciembre, donde aportó documentación para acreditar, según sus declaraciones a las puertas del tribunal, la "falsedad" de las imputaciones en su contra.

El procedimiento contra Goioaga, que es senador autonómico elegido por el Parlamento Vasco, se abrió el pasado 20 de septiembre en el Supremo a petición de la Audiencia Nacional. En la exposición razonada que remitió el juez instructor, Eloy Velasco, éste destacaba que el miembro de Bildu estaba integrado, "con especial relevancia", en una estructura del frente de cárceles formada por abogados que, "aprovechando su actividad profesional de asistencia letrada, ejercen sus funciones de acuerdo a las directrices de la organización terrorista".