Aprobado el registro de medidas cautelares para impedir más "casos Mari Luz"

El nuevo registro, previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como parte del proceso de modernización del sistema de registros administrativos, ofrecerá información sobre la existencia de órdenes en vigor de busca y captura o de detención y puesta a disposición y sobre la peligrosidad del imputado.

Su puesta en funcionamiento contribuirá a prevenir la especial reincidencia de los agresores sexuales, según el Gobierno, que ha señalado que una de sus principales novedades es que reflejará la condición de menor de edad de las víctimas.

El real decreto aprobado hoy regula el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia, que estará integrado por las bases de datos de los registros de Penados, Víctimas de la Violencia Doméstica, Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes, Rebeldes Civiles y Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores.

Al de medidas cautelares tendrán acceso los órganos judiciales, la Fiscalía, la Policía y la Guardia Civil, que dispondrán de más elementos de juicio a la hora de ponderar sus resoluciones en las distintas fases del proceso penal.

Los jueces, en especial, podrán valorar la existencia de riesgo de fuga en las resoluciones en las que decidan sobre la prisión o libertad provisional del imputado.

De los cinco registros mencionados, que integrarán el Sistema de Apoyo a la Administración de Justicia, los primeros en estar interconectados serán el aprobado hoy y el de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, mientras que el resto se incluirá posteriormente para formar un único sistema de información.

Hace unos días entró en funcionamiento la nueva aplicación informática del Registro Central de Penados, con lo que todos los registros están ya preparados para su futura interconexión.

El coste de la aplicación informática del Registro de Medidas Cautelares es de 400.000 euros, mientras que para la integración total de todas las bases de datos de los distintos Registros de Apoyo a la Administración de Justicia en un único sistema de información se invertirán otros 400.000 euros.

A estas cantidades hay que sumar 144.000 euros para la puesta en marcha de la infraestructura de máquinas necesaria.