El juez del caso de la Arandina acuerda de oficio la libertad provisional del tercer exfutbolista

El Juzgado de Aranda de Duero ha hecho suyas las obligaciones y las medidas cautelares contenidas en la parte dispositiva de la resolución notificada ayer por la Audiencia Provincial de Burgos, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El Juzgado ha tomado esta decisión basándose en el criterio de la Audiencia, que ayer acordó la libertad provisional de dos de los investigados, R.C.H. y V.R.R, al entender que sí han variado las circunstancias por las que se ordenó en su día la prisión provisional, comunicada y sin fianza.

En concreto, el auto de la Audiencia Provincial señalaba lo siguiente: "Las circunstancias tenidas en cuenta para su adopción se encuentran atenuadas por el tiempo transcurrido desde que se acordó la situación restrictiva de la libertad (casi 3 meses), lo que unido al hecho de que ya ha finalizado el riesgo de obstrucción de las fuentes de prueba y que los investigados gozan con domicilio en esta Comunidad Autónoma y vínculos económicos con sus padres, se considera más adecuada la libertad provisional de los mismos pues con ello entendemos que se logra asegurar su sometimiento a la administración de justicia mediante la prestación de fianza carcelaria, previa y como condición para la excarcelación de los mismos que se fija, para cada uno de ellos, una fianza de 6.000 euros, que podrá ser prestada en cualesquiera de las formas admitidas en Derecho".

Así mismo, y para asegurar su sometimiento al presente procedimiento, se fijan comparecencias quincenales ante el Juzgado o ante dependencias de las fuerzas de seguridad de su domicilio en España, debiendo de comunicar al Juzgado instructor cualquier cambio de domicilio, aún temporal, con retirada del pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional.

Por otro lado, como medida de protección de la víctima, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 544 Bis de la LECr., se acuerda la prohibición para los denunciados de aproximarse a la denunciante, al domicilio de ésta o cualquier lugar en que se encuentre a una distancia no inferior a 1.000 metros, así como la comunicación con la misma por cualquier medio, durante la tramitación de la causa o se dicte una resolución firme en este procedimiento.