Archivada "por prescripción" la causa contra un juez de Cataluña imputado en las ITV

En un auto recogido por Europa Press, la Sala Penal del Supremo explica que el delito fue presumiblemente cometido entre 2006 y junio de 2010 y que, cuando ocurrieron los hechos, antes de una reforma legislativa, prescribía a los tres años; estaba imputado por negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

El auto explica que, en este caso, el plazo de prescripción comienza el 21 de junio de 2010 --la fecha del último correo incautado-- y que el procedimiento se dirigió contra el juez el 2 de octubre de 2013.

El Supremo declaró ese día su competencia para investigar al magistrado de la Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo del TSJC por el supuesto asesoramiento a la empresa Certio.

Aragonés es el segundo juez investigado en la presunta trama de amaño de licencias, pues el Supremo ya juzgó y suspendió por dos años al juez del TSJC Joaquín Ortiz Blasco al haber asesorado a empresarios que recurrieron en su sala litigios relacionados con la concesión irregular de licencias de ITV, una trama por la que está imputado el exsecretario general de CDC Oriol Pujol.

La Unidad de Vigilancia Aduanera había constatado la existencia de una serie de correos electrónicos entre Ortiz y los empresarios del sector de las ITV Ricard P. y Enric M., en los que el magistrado los asesoró cuando estos presentaron varios recursos en la Sala que él preside contra resoluciones relacionadas con la concesión de estaciones.

En estos correos y soportes informáticos "figura el aforado aquí imputado (en referencia a Aragonés) como remitente y receptor de varios de ellos", prosigue el auto en el que se le había imputado y elevado la causa al Supremo.