Arranca este lunes en Almería un macrojuicio contra 26 acusados, entre ellos guardias civiles, por narcotráfico

En el macrojuicio, que se celebra ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, los procesados enfrentan penas de prisión que suman casi 170 años y multas que rondan los 222 millones de euros. Los guardias civiles están acusados de prestar "cobertura de seguridad" a los alijos con datos sobre los medios personales y técnicos del Instituto Armado, así como de los movimientos de las patrulleras.

La banda, liderada por el acusado M. A., alías 'El Viejo' y dos ciudadanos marroquíes en busca y captura, y con ramificaciones en el extranjero, comenzó a operar a principios del 2009 con la planificaron de desembarcos de grandes cantidades de droga trasladadas a España a través de barcos de recreo, lanchas rápidas tipo 'zódiac' y camiones de gran tonelaje.

Según recoge el fiscal, la Guardia Civil consiguió abortar dos operaciones de 3.546 y 3149 kilos de hachís aunque consta, por las intervenciones telefónicas, que intentaron la introducción de otras nueve toneladas que no pudieron alijar al no conseguir cobertura de seguridad en los puertos de Marruecos, Melilla y Almería.

El escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, apunta que M. A. era el "hombre de confianza" de la dirección de la estructura delictiva y tenía, por tanto, la función de encontrar terceras personas residentes en la provincia y con contactos "en el mundo del narcotráfico" para, de este modo, conseguir los medios materiales y personales "necesarios" para la recepción, transporte y custodia del hachís, así como a los agentes de la Guardia Civil que, a cambio de precio, habrían de dar cobertura de seguridad.

Los dos acusados en busca y captura eran, a su vez, los encargados de dirigir y coordinar los actos "previos, coetáneos e inmediatamente posteriores" a la salida del hachís desde la costa marroquí.

En el siguiente escalón de la estructura de la banda, el fiscal sitúa a los acusados de organizar individualmente cada una de las operaciones de narcotráfico mientras que, a continuación, estarían las personas contratadas para transportar y desembarcar los fardos, entre ellas los tres guardias civiles, que se enfrentan a penas altas de prisión dado su carácter de agentes de la autoridad y funcionarios públicos.

ALIJOS

Uno de los alijos fue interceptado el 20 de junio de 2009 en el puerto de Roquetas de Mar (Almería) cuando los procesados por estos hechos se disponían a transportar 80 fardos de hachís desde una embarcación hasta un camión que había sido sustraído unos días antes en El Ejido. En total, se aprehendieron más de 2,5 toneladas de hachís que hubieran alcanzado un valor de 3,5 millones de euros en el mercado ilícito.

Los cabecillas en esta actuación eran, según el fiscal, J. E. V. A., alías 'El Calvo' y B.T., alías 'El italiano', con antecedentes penales y residencia en Huelva, aunque también están procesados J. A. M; B. S. G. P. y J. D. B., quienes intermediaron con el propietario de la lancha, V. E. A., y se prestaron a ejecutar la recepción de la droga en alta mar para su posterior traslado, así como G. F. C. T., piloto de la nave, y A. A., quien ejercía funciones de guarda y custodia de la sustancia estupefaciente.

El escrito señala que, con anterioridad, la cúpula de la banda había decidido optar por utilizar una embarcación neumática de "alta velocidad", y había resuelto, para asegurarse el éxito, contar con cobertura de seguridad a cargo de "agentes corruptos" de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este caso, fue B. T. junto a otros procesados identificados como J. F. M. R. --alias 'El Gordo'-- y G. A. U. --alias 'El gitano'-- el encargado de organizar la logística del cargamento, que debía entrar por el litoral del Levante almeriense.

GUARDIA CIVILES

En este punto, para "facilitar la operación", contactaron con M. C. C. y R.S.T., ambos agentes con destino en el Servicio Marítimo de Comandancia de Almería y con F. M. A., guardia civil en activo, sin destino, y detenido en Castellón por hechos similares, quienes se prestaron a colaborar a cambio de "la percepción de importantes cantidades de dinero que no han podido determinarse con exactitud", según remarca el Ministerio Público.

M. C. C. y R. S. T. se valieron, añade, de su destino y de su conocimiento de los turnos de guardia, el rumbo de las patrulleras de Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, y de los medios técnicos que podían "obstaculizar o impedir" la llegada del alijo y, con estos, comunicaban estas contingencias a los organizadores y les indicaban presuntamente el día, la hora y el lugar "más propicio" para el desembarco.

El citado alijo, que decomisó 3,1 toneladas de hachís en 107 fardos cuando estaba siendo desembarcada en la desembocadura del Río Almanzora conocida como 'Playa Quitapellejos' de una zódiac de 14 metros de eslora y tres motores fueraborda de 250 cv hasta una furgoneta con matriculas falsas. Ese día, ambos agentes prestaban servicio de la patrullera. Por estos hechos, están acusados también R. B.; K. B.; A. S. M.; D. U.; F. R. L y A. F. C., quienes fueron sorprendidos cuando descargaban los fardos formando una "cadena humana" hasta los vehículos.

El fiscal recoge en su escrito de calificación provisional, de acuerdo a las escuchas telefónicas, que la dirección de la banda intentó introducir hachís en Marruecos por el puerto de Almería mediante la utilización de camiones de gran tonelaje en los que la droga debía de ir oculta entre mercancía lícita para pasar por la frontera de Melilla.

En este punto, señala que pudo participar algún funcionario público del puerto "cuya identidad no se ha establecido" que se habría encargado de asegurar el paso franco de vehículo.

LENGUAJE "CRÍPTICO"

Para ejecutar este plan, el procesado J. E. V. A. contactó con F. J. M. R. y J. A. G. para que se encargasen de "contratar medios humanos, de conseguir el transporte y de garantizar la impunidad" de la operación. Todas las comunicaciones entre ellos se realizaron mediante el empleo de un lenguaje "críptico y convenido" en el que se referían a la droga como "flores". En, al menos, tres ocasiones a lo largo de 2009 lo intentaron con el hachís escondido, por ejemplo, entre pescado aunque se anularon bien por falta de cobertura de seguridad, bien por desacuerdos entre las partes o días festivos en Marruecos.

Por estos hechos están acusados los conductores de los trailers, I. S. M. y G. A. L. G. El escrito fiscal imputa asimismo a la compañera sentimental J. F. M. R. y a la esposa de M. A., ambos cabecillas, por presuntos delito de insolvencia punible ya que fueron utilizadas por sus parejas para ocultar supuestamente sus bienes ante las sospechas de una inmediata detención. Se enfrentan a penas de dos y un año de prisión.

En la causa, que se sigue por delitos contra la salud pública, cohecho, y revelación de información reservada, los principales acusados enfrentan penas que oscilan entre los 21 años y los cinco años y tres meses de cárcel. Para los grados intermedios solicita entre nueve y diez años y medio de prisión mientras que para los que participaron en los intentos de alijo pide 24 meses de cárcel.

Los tres guardias civiles, a los que imputa dos delitos de cohecho y uno de revelación de información reservada, la Fiscalía interesa penas que suman nueve años y seis meses de cárcel, así como el pago de sendas multas de 11 millones de euros. Solicita, asimismo, inhabilitación especial por 12 años.