Arranca el juicio de la financiación del ERE de 2007 en Mercasevilla con videoconferencia de Guerrero incluida

El Juzgado de lo Social número ocho, tras dos aplazamientos previos, ha comenzado a celebrar la vista oral de la demanda promovida por el grueso de los prejubilados del expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, ante la negativa de la Junta a financiar sus rentas. Entre los testigos figuran el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, imputado en las tres líneas de investigación penal que pesan sobre la empresa, y el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, para cuya comparecencia ha sido preparada una videoconferencia al permanecer en prisión por orden de la juez Mercedes Alaya.

Este juicio, como se ha informado, fue inicialmente señalado para el 23 de noviembre de 2011, pero aquel día fue aplazado al 23 de mayo y entonces fue pospuesto hasta este viernes. La Junta, no obstante, había pedido una nueva suspensión de la vista oral dada la revisión de oficio emprendida por la Consejería de Empleo sobre los compromisos firmados por Francisco Javier Guerrero para las pólizas de seguro de rentas asociadas a este ERE, un procedimiento mediante el cual la Consejería espera declarar nulos tales actos.

De cualquier modo, entre los testigos citados para esta vista oral, iniciada en torno a las 11,00 horas, figuran Fernando Mellet, quien de hecho ha acudido al llamamiento, y los miembros de la consultora Vitalia Vida Antonio Albarracín y Francisco José González, así como el presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez, y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero. Dado que Guerrero se encuentra en prisión provisional por orden de la juez Mercedes Alaya, ha sido preparada una videoconferencia para su declaración, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

LOS "COMPROMISOS" DEL ERE DE 2007

Mediante esta demanda, el colectivo de prejubilados del expediente de regulación de empleo de 2007 reclama los "compromisos" de pago de dicho procedimiento, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros. Esta demanda, como se ha informado, fue firmada por 34 de los 40 prejubilados del expediente de regulación de empleo de 2007 y carga contra la propia sociedad gestora del mercado central de abastos, el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa como máximos accionistas de la empresa, la Consejería de Empleo, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la división aseguradora del Banco Vitalicio --actualmente 'Generali'-- y la consultora 'Vitalia Vida'.

En concreto, el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus rentas quedaron en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación, en el marco de las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta de la anterior gestión de la sociedad mixta Mercasevilla y la trama de prejubilaciones fraudulentas investigada en Andalucía.

LOS DOCUMENTOS DE GUERRERO

Y es que aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la "conformidad" de su departamento en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el posterior director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Rivera resolvió que estos actos fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio". El Gobierno andaluz, en ese sentido, defiende que sobre la Junta de Andalucía no pesan compromisos de financiación sobre estas prejubilaciones en cuestión.

Como se recordará, en este expediente de regulación de empleo fue prejubilado el exmiembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, quien jamás ha formado parte de la plantilla del mercado central de abastos y quien fue detenido en el marco de las actuaciones dirigidas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla.