Arranca este martes la elección del presidente asturiano, en la que es imposible votar en contra de un candidato

A pesar de la fragmentación del parlamento asturiano, con seis grupos políticos diferentes, la falta de entendimientos para llegar algún pacto de investidura ha sido una constante a lo largo de estos días. En buena medida, detrás de esta falta de búsqueda de acuerdos se encuentra una singularidad de la legislación asturiana. Contiene una restricción que establece que los diputados sólo pueden respaldar o abstenerse a la hora de votar a los candidatos. No se permite votar en contra.

Los defensores de este precepto legal insisten en que con el impedimento de votar en contra se favorece la gobernabilidad. Lo cierto es que de esta forma se evitan situaciones de bloqueo, como las que encontró Susana Díaz a la hora de ser investida como presidenta de la Junta de Andalucía.

El parlamento asturiano, con 45 escaños, se encuentra muy fragmentado tras las últimas elecciones, con 14 diputados del PSOE, 11 del PP, 9 de Podemos, 5 de IU, 3 de Foro y 3 de Ciudadanos.

A pesar de todo, el hecho de no poder votar en contra hace que el actual presidente en funciones, Javier Fernández, pueda sacar su candidatura adelante nada más que con el respaldo de sus 14 diputados, siempre y cuando ni PP ni Podemos consigan más apoyos.

Las posibilidades quedaron bastante reducidas este sábado, cuando IU de Asturias decidió que su grupo parlamentario se iba a abstener en la votación, una vez que no se había logrado un acuerdo para un gobierno fuerte de izquierdas, entre PSOE, Podemos e IU. Los desencuentros y acusaciones subidas de tono entre PSOE y Podemos han sido una constante antes y después de las elecciones. Ese entendimiento se antoja, a día de hoy, imposible.

La legislación asturiana señala que será presidente aquel que en la primera votación obtenga mayoría absoluta. De no conseguirlo, pasarán a una segunda votación, que se celebrará el viernes día 3 de julio los dos candidatos más votados. Javier Fernández tiene todas las papeletas de pasar a esa segunda ronda, con sus 14 diputados. Mercedes Fernández (PP) y Emilio León (Podemos) pugnarán por la otra plaza, aunque a día de hoy no ha trascendido que se hayan entendido ni con Foro (3 diputados) ni con Ciudadanos (3 diputados), que podrían ser decisivos en el desarrollo del proceso para elegir presidente autonómico.

El martes, a partir de las 10.00, comenzará el pleno de elección, con la exposición de su oferta de legislatura por parte de cada candidato. El Reglamento de la Cámara establece que no tienen límite de tiempo para hacerlo. Es previsible que la Mesa de la Cámara, que se celebra este lunes a las 13.00 horas, busque un acuerdo que pueda establecer límites, dado que son tres los candidatos que se presentan.

Tras la jornada de las exposiciones, se suspenderá la sesión hasta el miércoles, cuando se reanudará el pleno con la intervención de un representante por cada uno de los grupos parlamentarios, por 45 minutos como máximo, cada uno.

Los candidatos propuestos podrán contestar a los representantes de los grupos durante un tiempo máximo de 30 minutos cada uno. Los representantes de los grupos tendrán derecho a una réplica de diez minutos. De igual tiempo dispondrán los candidatos. A continuación se suspenderá la sesión fijándose por la Presidencia la hora en que haya de reanudarse para proceder a la votación.

Reanudada la sesión, se procederá a la votación y resultará elegido presidente el candidato que obtenga la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara (23 votos como mínimo), algo que no parece probable, dada la fragmentación del parlamento asturiano. Si ninguno de los candidatos obtuviese dicha mayoría, se celebrará nueva votación 48 horas después, es decir el viernes, siendo candidatos los dos más votados en la anterior. En esta ocasión resultará elegido el que de ellos obtenga mayor número de votos.

REFORMA

Lo cierto es que el sistema de elección del presidente fue objeto de debate precisamente en la pasada legislatura. IU planteó una reforma de la Ley del Presidente y del Consejo de Gobierno que eliminaba la restricción y buscaba permitir que los diputados pudiesen votar en contra de los candidatos en una sesión de investidura similar al que existe en otras comunidades autónomas.

En un principio, el PSOE se mostró favorable a apoyar la reforma planteada por IU. Sin embargo, los socialistas, que ya gobernaban en minoría con 17 de 45 diputados, cambiaron de opinión y respaldaron unas enmiendas del PP que proponían mantener el modelo. Ante esa situación, IU tuvo que desistir y retirar su propuesta. La restricción, por lo tanto, se mantiene y es la que motiva, en alguna medida, que los grupos políticos no se vean tan obligados a pactos para evitar bloqueos, como sucede en otras CCAA.