Asociación de fiscales piden que los fiscales jefes no puedan dar ordenes de no investigar a sus subordinados

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han subrayado este lunes que los fiscales jefes no pueden dar "órdenes particulares negativas" --instrucciones de no investigar determinados hechos o personas-- con el fin de garantizar la independencia del Ministerio Público, tras conocerse la semana pasada las discrepancias manifestadas en el seno de la Fiscalía Anticorrupción sobre los registros de la 'operación Lezo' y los últimos relevos de los fiscales del caso conocido como "tres por ciento" en Cataluña.

APIF destaca en un comunicado que de nuevo se conocen dos actuaciones que están "lejos de reforzar la independencia" del Ministerio Fiscal de "injerencias ajenas" y de "alejarse de las críticas de control exógeno de la institución. "Lo acercan, cada vez más, a ámbitos de actuación que no le corresponden", agrega.

APIF defiende el "trabajo profesional e independiente" de los fiscales en España y, en concreto, de los que componen la Fiscalía Especial Anticorrupción. El pasado martes hubo una 'rebelión' mayoritaria en el seno del Ministerio Público a consecuencia de la orden dada por Moix, contraria al criterio de los dos fiscales adscritos al caso sobre el registro en el domicilio de uno de los imputados en la 'operación Lezo', si bien el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha negado tal revuelta.

La asociación entiende que para el correcto ejercicio de la jefatura de cualquier Fiscalía tiene que haber una "importante labor de coordinación de sus efectivos" para ofrecer "una cumplida respuesta en la persecución de los delitos", competencia de cada concreta Fiscalía.

El impulso de las investigaciones. Sin embargo, a su juicio, la existencia de "ordenes particulares negativas (no investigar, no perseguir)" lo único que consiguen es "cercenar" la credibilidad ante la opinión pública.

Moix ordenó "desvincular cronológicamente" este registro y el "bloque de hechos" relativo a esta diligencia concreta, una decisión a la que los fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez, se opusieron invocando el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que si un fiscal recibe una orden "que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente", se lo hará saber a su fiscal jefe "mediante informe razonado" y si éste "no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía".

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 27 DEL ESTATUTO FISCAL

Sobre esto, APIF insta a hacer una "imperiosa, necesaria y urgente", de la modificación del texto de este artículo 27 para dotar a la Junta de fiscales de facultad de control de las órdenes de los fiscales jefes. "No puede entenderse que, tras un debate jurídico en el seno de la Junta de Fiscales, donde se exponen las razones tanto de la Jefatura como de los Fiscales que invocan este artículo, a pesar de perder esta votación, pueda imponerse la posición de la Jefatura", añade la asociación de representantes del Ministerio Público.

Además, lamenta que para "muchos" el uso del artículo 27 siga siendo considerado como "un acto de rebeldía e incluso indisciplina". "No es más que un instrumento que debería ser habitual ante cualquier orden que se entienda ilegal o improcedente", señala APIF.

"Debe reforzarse para garantizar la actuación imparcial y responsable de cada Fiscal frente a las ordenes particulares", insiste la asociación.

Por otro lado, ha reprochado también la relevación de los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo que estaban llevando la causa relativa a la financiación irregular de la antigua Convergència Democrática de Cataluña. Según APIF esta decisión no ha sido debidamente fundamentada ni se ha visto acompañada de ninguna explicación que "permita comprenderla".

RECHAZO A LAS AFIRMACIONES DE GONZÁLEZ SOBRE MOIX

Asimismo, afea que se haya dado a conocer una conversación en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, principal investigado de la 'Operación Lezo', se pronunciase a favor de Moix como "la persona más idónea" para dirigir Anticorrupción.

Por su parte, la asociación de jueces Francisco de Vitoria (AJFV) también considera "inaceptable" el contenido de esta conversación de estas conversaciones en el que se dejó entrever los "tejemanejes para la colocación de personas afines a quienes se arrogan la potestad de manejar los hilos de tales nombramientos, con la consiguiente capacidad de influir en importantes investigaciones policiales y judiciales".

En este sentido, se dirigen directamente al presidente del Consejo General del Poder Judicial CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que afirmó que una de las causas de la politización de la Justicia era la existencia de varias asociaciones profesionales en la judicatura. "Desconocemos si a la luz del contenido de estas conversaciones difundidas por los medios se atreverá a seguir manteniendo la misma opinión", dice el comunicado de AJFV.

Según señala Francisco de Vitoria, su asociación defiende que la elección de los vocales CGPJ se realice por los propios jueces y magistrados, para limitar la capacidad de los partidos políticos en los nombramientos.