Audiencia juzga este martes al ex alcalde Hidalgo y otros tres acusados en una pieza separada del caso Andratx

Según el relato del Ministerio Fiscal, en esta pieza 69 se investiga la compra por parte de unos particulares de una parcela en terreno rústico protegido, en un Área Rural del Interés Paisajístico (ARIP) y la posterior construcción de una vivienda pese al presunto conocimiento de la imposibilidad legal.

Según la Fiscalía, por la supuesta amistad entre dichos particulares y Eugenio Hidalgo, el entonces celador de obras Jaime Gibert facilitó los trámites administrativos para autorizar la obra.

En el escrito de acusación, la Fiscalía destaca que los hechos constituyen un delito contra la ordenación del territorio y falsedad en documento oficial.

Concretamente, Gibert es acusado de ser responsable en concepto de autor material del delito de falsedad de documento oficial, mientras que a Hidalgo, quien ya ha cumplido penas de cárcel por delitos urbanísticos, se le acusa de ser inductor de falsedad en documento oficial puesto que, apuntan, solicitó y convenció a Gibert para que emitiera el informe para el certificado del 18 de octubre de 2002.

El Ministerio Fiscal solicita para los acusados un total de casi diez años de prisión. Así, a Hidalgo le piden una condena de año y medio de prisión y multa de seis meses con una cuota diaria de diez euros e inhabilitación especial para cargo público durante dos años por el delito de falsedad.

Mientras, a Gibet le piden un año y 8 meses de prisión, multa de diez meses con cuota de seis euros diarios e inhabilitación especial para cargo público durante seis años por delito de falsedad documental, y de cuatro meses de prisión, multa de diez meses también de seis euros al día e inhabilitación especial para la construcción urbanística durante seis meses por el delito contra la ordenación del territorio. La Fiscalía también pide la demolición de lo construido.

En el escrito de acusación se explica que uno de los acusados adquirió una finca rústica de Andratx y que sabía que el suelo no era urbanizable y que no podía construirse una vivienda nueva. No obstante, su padre mantenía buena relación con Hidalgo, el entonces primer edil de Andratx, y el dueño de la finca construyó un inmueble y aportó un certificado del excelador en el que se hacía constar falsamente la existencia de una vivienda de más de diez años de antigüedad.

Además, la Fiscalía recoge que el propio Gibert, en febrero de 2008, compareció voluntariamente y confesó la inveracidad de este documento y su intervención en los delitos. Gibert, apunta el fiscal, emitió un informe inveraz para posibilitar la construcción de una vivienda prohibida por la ley por mandato del alcalde Eugenio Hidalgo, quien sabía que no existía tal vivienda.