La Audiencia Nacional mantiene la fianza de tres millones de euros impuesta a Ángel de Cabo en la 'operación Crucero'

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la fianza de tres millones de euros impuesta por el juez Eloy Velasco el empresario Ángel de Cabo en el marco de la investigación sobre sus actividades y las del expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán para llevar a cabo el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans con la intención de eludir el pago a sus acreedores.

La fianza, que comenzó siendo de 50 millones de euros, sufrió diversas rebajas hasta alcanzar el pasado mes de mayo la cifra de tres millones.

Según explica la Sección en un auto hecho público este miércoles, la cuantía establecida para que De Cabo, imputado por fraude y alzamiento de bienes, recupere la libertad resulta "moderada" dadas "las ganancias" procedentes de la comisión de los delitos que se le atribuyen, así como su situación económica y su "facilidad" para eludir la acción de la Justicia mediante la fuga.

El auto destaca que para fijar la fianza no se debe considerar la actual capacidad económica de De Cabo sino que ha de tenerse en cuenta su estatus económico con anterioridad a su ingreso en prisión, momento en el que disponía de "una ingente cantidad de dinero".

Recuerda también que el dinero presuntamente defraudado "no ha sido recuperado" y dice que el empresario podría mantener estructuras organizadas en el extranjero y lazos con personas que facilitan que le sea exigida la mencionada cantidad.

De Cabo y Losada ingresaron en prisión, junto a Díaz Ferrán, el pasado 5 de diciembre de 2012 después de que el juez Velasco les impusiera, respectivamente, sendas fianzas de 50 y 30 millones de euros. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal rebajó en marzo pasado las cauciones a 15 y 10 millones de euros.

"ENGAÑADO POR DÍAZ FERRÁN".

En una comparecencia a petición propia que se produjo el pasado 24 de abril, De Cabo aseguró que se sintió "engañado" por Díaz Ferrán; su presunto testaferro, Jorge García Téllez; y el fiscalista del grupo, Rafael Tormo; ya que cuando compró el Grupo Marsans, éste ya había sido vaciado de bienes.

De la instrucción de este caso, denominado 'Crucero', se deduce que Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, ya fallecido, diseñaron en colaboración con el empresario Ángel de Cabo "una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando su insolvencia patrimonial".

Esta estrategia habría consistido en el traspaso del Grupo Marsans, propiedad de Díaz Ferrán, y de su patrimonio personal a las sociedades de De Cabo para crear, de esta forma, "una aparente insolvencia evitando así que sus acreedores, no sólo empresas, sino trabajadores, pudieran satisfacer sus créditos".

A cambio, el liquidador se comprometió a entregar 100.000 euros mensuales a los empresarios hasta que ambos recibieran una suma de 8 millones de euros. Según los autos del juez Velasco, Díaz Ferrán se habría valido de "testaferros y complejas estructuras societarias creadas por Ángel de Cabo, algunas de ellas asentadas en paraísos fiscales extranjeros" tras ser asesorado por "personas de su confianza".