La Audiencia Nacional archiva la primera causa abierta a un alcalde de Bildu, por enaltecimiento del terrorismo

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha archivado la primera causa abierta a un alcalde de la formación Bildu, el primer edil de la localidad navarra de Leitza, Oier Eizmendi Astibia, acusado de la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo por participar en un montaje a favor de los presos de ETA que se llevó a cabo el pasado 10 de agosto durante el chupinazo que dio inicio a las últimas fiestas patronales.

Al inicio de las fiestas de San Tiburcio, cinco encapuchados salieron al balcón del Ayuntamiento para exhibir dos pancartas en las que aparecían las fotografías de seis presos etarras y en la que se reclamaba su traslado a cárceles próximas al País Vasco. Otras dos personas que ocultaban su rostro colgaron también una pancarta con un mapa de Euskal Herria. Además, se celebró una manifestación con el lema 'Euskal preso eta iheslariak etxera' (Presos vascos y huídos a casa).

Según explica el magistrado en un auto hecho público este jueves, a pesar de que los hechos investigados sí constituyen un delito de enaltecimiento "al ensalzarse" en ellos conductas de etarras, "en modo alguno ha sido posible la identificación de las personas que participaron en los actos", lo que conduce al archivo provisional de la causa por falta de autor conocido.

Especifica, además, que el primer edil de Leitza "no se encontraba en el escenario de los hechos" en el momento en que se produjeron ya que estaba en las dependencias interiores del Ayuntamiento participando en actos previstos en el programa de fiestas.

Ruz destaca también la falta de vinculación de Aizmendi con la planificación de las actividades de los festejos, aprobados por la anterior corporación, presidida por el alcalde de la ilegalizada Acción Nacionalista Vasca (ANV), Javier Zabalo.

En la causa estaban imputadas, además, las vecinas del municipio María Lourdes Juantorena Baleztena y Saioa Iraola Urkiola, que aparecieron en el balcón del Ayuntamiento con camisetas de apoyo a la presunta etarra Jone Lozano. Las dos, alegaron que querían ensalzarla por su labor en un colectivo feminista y contra la violencia de género y que desconocían que hubiera sido detenida por su actividad terrorista.

En cuanto a ellas, Ruz explica que "resulta aventurado" considerar que tenían voluntad de enaltecer ya que ha quedado demostrado que Lozano era vecina del pueblo, pertenecía al colectivo feminista 'Bilgune' y había sido compañera de trabajo de una de ellas. El auto destaca que la presunta etarra se encontraba en agosto en prisión preventiva en Francia sin que conste en su contra, por el momento, condena alguna por la comisión de delitos terroristas.