La Audiencia Nacional rechaza apartar a Ruz de la causa en la que investiga a exdirectivos de la SGAE

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado recusar al juez Pablo Ruz en la causa en la que investiga irregularidades en la gestión de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) como había solicitado uno de los imputados, el exdirector de la filial digital SDAE José Luis Rodríguez Neri.

El exdirectivo pidió la recusación del magistrado al considerar que favorecía "desmedidamente" a la acusación ejercitada por la Fiscalía y la propia SGAE en detrimento "del conocimiento de la verdad material". Acusaba, además, al juez de haber mantenido un reunión con un abogado de la sociedad en la que "le instó" a solicitar un informe pericial. Otros ocho imputados se adhirieron a la solicitud de Neri.

Los magistrados Carmen Lamela, Clara Bayarri y Fermín Echarri destacan en un auto hecho público este martes que Ruz "en absoluto ha actuado de forma parcial" y agregan que las decisiones que ha tomado le vienen "atribuidas por la ley".

Ponen de manifiesto que "no basta para apartar a un determinado juez" que "las sospechas o dudas sobre su imparcialidad surjan en la mente de quien recusa" sino que es preciso determinar si éstas son "consistentes", lo que no ocurre en este caso.

"DAR IMPULSO A LA INSTRUCCIÓN"

En cuanto a la supuesta reunión alegada por Rodríguez Neri, la Sección Tercera indica que el encuentro "efectivamente debió tener lugar" y que tuvo por objeto conocer la posición de la SGAE en relación a las pruebas periciales que se estaban llevando a instancias de parte.

"Ahora bien, ninguno de los documentos aportados ni las testificales practicadas ponen de manifiesto que el juez propusiera o indicara la conveniencia de ampliar un informe pericial" para rebatir las conclusiones del presentado por el acusado.

En su opinión, el encuentro no tuvo otra finalidad que la de "coordinar la actividad de las partes, ordenar el procedimiento y adecuar los tiempos de actuación de los distintos intervinientes para dar impulso a la instrucción".

La Sección Tercera impone a los imputados que recusaron al juez el pago de las costas procesales causadas.

Ruz suspendió el pasado mes de septiembre la declaración como imputado del cantante canario Caco Senante y la de tres directivos de la sociedad, que debían comparecer como testigos, a la espera de la resolución del recurso.

En el marco de la investigación sobre las irregularidades en la gestión de la sociedad, el magistrado ha solicitado informes periciales a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la Universidad Autónoma de Madrid para que se analicen las relaciones contractuales, prestaciones de servicios o movimientos de capital entre la SGAE y 15 empresas.

UNA DECENA DE EXDIRIGENTES IMPUTADOS

Los dos principales imputados en esta causa son Neri, y el directivo de Microgénesis Rafael Ramos, que recuperaron la libertad en agosto y julio de 2011, respectivamente tras depositar sendas fianzas de 300.000 y 150.000 euros. El juez les atribuye la comisión de delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta, a los que se suman un delito societario en el caso de Neri y otro de alzamiento de bienes en el de Ramos.

También fueron imputados Eduardo 'Teddy' Bautista, expresidente de la SGAE; el cantante José Ramón Márquez Martínez, 'Ramoncín'; Enrique Loras, exdirector general de la entidad; Ricardo Azcoaga, exdirector financiero; Elena Vázquez, principal accionista de Microgénesis; y Celedonio Martín, director financiero de esta empresa.

El juez también dirigió la acción penal contra tres familiares de Ramos --su esposa, María Antonia García Pombo; su cuñada, Pilar Eva García Pombo; y su hija, Sara Ramos Vázquez-- y otros dos de Rodríguez Neri --su hermana, Juana Cristina Rodríguez Neri; y su hija, Leticia Rodríguez Álvarez--.

Según la investigación de Ruz, Bautista "autorizó, consintió e impulsó" la trama defraudatoria desarticulada en la conocida como 'operación Saga', que había sido ideada por Rodríguez Neri. En el fruto de esta actividad presuntamente fraudulenta, la SGAE invirtió "importantes sumas de dinero sin obtener a cambio la esperada rentabilidad para sus socios" a través de una red de empresas vinculadas a la sociedad digital, entre ellas la mercantil Microgénesis, que controlaba el propio Rodríguez Neri.