La Audiencia Nacional juzga a los 8 acusados de la agresión de Alsasua, para los que piden entre 12 y 62 años de cárcel

La Audiencia Nacional acogerá a partir de mañana, lunes, el juicio contra los ocho acusados de la agresión a dos guardias civiles y sus novias ocurrida en octubre de 2016 en la localidad navarra de Alsasua. Al imputarles delitos de agresiones y amenazas terroristas, la Fiscalía pide penas que oscilan entre los 12 años y medio y los 62 años y medio de cárcel.

A la pena más alta se enfrenta Ohian Arnanz, ya que además de cuatro delitos de lesiones terroristas el fiscal José Perals le acusa de uno de amenazas terroristas. El Ministerio Público solicita para otros seis acusados --Jokin Unamuno, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Adur Ramírez, Aratz Urriola e Iñaki Abad-- una pena de 50 años de prisión cada uno por cuatro delitos de lesiones, mientras que para la octava imputada, Ainara Urquijo, se piden 12 años y medio sólo por amenazas con carácter terrorista.

En caso de que el tribunal, que estará presidido por la presidenta de la Sala de lo Penal, la magistrada Concepción Espejel, no estime estos delitos, la Fiscalía propone condenas por desordenes públicos terroristas, atentado, lesiones ordinarias y amenazas terroristas por los que pide para los acusados entre 18 años y 30 años y medio de prisión.

La agresión de Alsasua ha estado rodeada de polémica desde el litigio que mantuvieron la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Navarra por la competencia para investigar y enjuiciar los hechos. El Supremo resolvió en favor de la primera, confirmando así las acusaciones por terrorismo, algo que el tribunal navarro no contemplaba.

AGRESIONES DENTRO Y FUERA DEL BAR

Los hechos ocurrieron la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de Alsasua. Según el escrito de acusación, un teniente y un sargento de la Guardia Civil, ambos destinados en Alsasua pero fuera de servicio en ese momento, llegaron al local acompañados de sus respectivas novias para tomar algo, cuando varias personas les reconocieron y Ohian Arnanz abordó al teniente, preguntándole si era "madero", a lo que él contestó que sí. Poco después, "alguien les arrojó un vaso de chupito de plástico", pero los guardias y sus parejas no le dieron importancia.

Sobre las cuatro de la madrugada, explica el fiscal en su relato, llegó al bar Jokin Unamuno junto a otras personas, incluida una chica menor de edad cuyo expediente se sigue en la Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional. Unamuno se encaró con el sargento, por lo que el teniente intentó mediar, llamando al acusado por su nombre, lo que hizo que éste les empezara a gritar que se marcharan del local.

Según el escrito, los guardias y sus parejas fueron rodeados por un grupo de unas 25 personas, que les insultaron y amenazaron. "Iros de aquí, que os vamos a matar por ser guardias civiles", "No tenéis derecho a estar aquí", "Tenéis lo que os merecéis", o "Iros de aquí, hijos de puta pikoletos, os tenemos que matar por ser guardias civiles, cabrones txakurras" son algunas de las frases que les gritaron.

Fue entonces cuando comenzaron las primeras agresiones dentro del bar, momento en el que las cuatro víctimas trataron de salir del bar, pero los agresores hicieron un pasillo en el que les propinaron "todo tipo de golpes", entre ellos "empujones, patadas y puñetazos" que continuaron después en la calle.

En el relato del fiscal, fue fuera del bar donde tuvieron lugar los golpes más fuertes, pues el teniente y el sargento fueron agredidos "con gran violencia y brutalidad". Concretamente, el primero recibió "una patada muy fuerte en el tobillo que le hizo caer al suelo", mientras que el segundo cayó al suelo mientras le seguían propinando "puñetazos y patadas por todo el cuerpo".

"NO SALIR DE ALLÍ"

Al intentar evitarlo, sus parejas también resultaron agredidas. También fueron amenazadas: "Esto que os ha pasado es por salir de allí arriba, cada vez que salgáis os va a pasar lo mismo así que lo que tienes hacer es no salir de allí", les dijeron en referencia a la casa cuartel de la Guardia Civil de Alsasua.

Agentes de la Policía Foral se personaron en el lugar y trasladaron a los cuatro al hospital, al tiempo que otros compañeros arrestaron a Jokin Unamuno, pero se vieron rodeados de unas 40 personas que les increpaban e intentaban sacar del coche policial al detenido, al que finalmente consiguieron llevarse a la comisaría.

Según la Fiscalía, el teniente de la Guardia Civil sufrió múltiples contusiones y una fractura de tobillo que requirió intervención quirúrgica. Estuvo fuera de servicio 92 días. Su novia presentaba heridas y contusiones y recibió tratamiento por ansiedad, una situación que "se vio agravada al cruzarse por la calle con uno de sus agresores y por la situación que viven sus padres en Alsasua, donde residen y reciben amenazas e insultos".

En cuanto al sargento, tardó 53 días en curar sus lesiones, que sufrió sobre todo en la espalda, mientras que su pareja, quien presentaba contusiones, continúa bajo control psicológico con visitas programadas cada dos semanas por estrés postraumático.

Tras las detenciones, todos los acusados salvo Ainara Urquijo pasaron por prisión provisional y la mayoría salieron en diciembre de 2016, a excepción de Ohian Arnanz, Jokin Unamuno y Adur Ramírez, quienes continúan en la cárcel.

LAS DEFENSAS LO CONSIDERAN "UNA BRONCA DE BAR"

Las defensas de los acusados han acusado en numerosas ocasiones a la Audiencia Nacional de "jugar sucio" al vincular los hechos del 15 de octubre de 2016 con terrorismo, ya que ellos no pasan de ser "una bronca de bar". Y es que el fiscal les relaciona en su escrito con el movimiento 'Alde Hemendik' ('Fuera de aquí'), con reivindicaciones de ETA y cuyo origen se remonta a 1976 con campañas en las que piden la salida de Navarra y País Vasco de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Además, los abogados han denunciado también las "graves irregularidades" que, a su juicio, se han producido durante el proceso de instrucción del caso, sobre todo por la "inadmisión de pruebas" de las defensas, pruebas que ellos consideran "pertinentes y relevantes" como declaraciones de testigos que no figuran en el atestado del Instituto Armado.

Según aseguran, la juez instructora, Carmen Lamela, tampoco les permitió aportar vídeos grabados tanto fuera como dentro del bar donde empezaron los hechos, a diferencia de las acusaciones, quienes sí van a presentar sus propios vídeos durante el juicio, al tiempo que "se ha impedido a las defensas la aportación de un informe pericial que cuestiona la mecánica de las ruedas de reconocimiento en fase de instrucción", las cuales "se formaron con personas que no eran de Alsasua y de diferentes edades, nacionalidades y etnias".