La Audiencia Nacional aplaza al día 8 la vista por la demanda de conflicto colectivo de los jueces contra Justicia

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha aplazado al día 8 de febrero el acto de conciliación previo a la celebración del juicio que tiene previsto celebrar a propósito de la demanda por conflicto colectivo presentada por la asociación de Jueces para la Democracia (JpD) contra el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las doce comunidades con las competencias transferidas por la sobrecarga de trabajo y la ausencia de un plan de prevención de riesgos laborales en los juzgados.

El portavoz de la asociación Joaquim Bosch ha explicado a Europa Press que el colectivo ha ampliado la demanda presentada el pasado noviembre contra el Ministerio y el órgano de gobierno de los jueces a las comunidades con las competencias transferidas.

Por ello, la Sala ha acordado la suspensión de la vista prevista para este martes 3 de febrero y ha fijado para el día 8 su celebración. En caso de no llegar a un acuerdo, tendrá lugar un juicio entre las partes.

Los magistrados admitieron el pasado diciembre a trámite la demanda, así como las pruebas propuestas por la asociación, entre ellas el interrogatorio como testigos de la magistrada del Tribunal Supremo y antigua vocal del CGPJ Margarita Robles, el magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Carlos Hugo Preciado, la magistrada decana de Lanzarote, Gloria Poyatos, y el juez de violencia de género de Madrid y miembro de JpD Javier Martínez Derqui. También está citado como perito al catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén Cristobal Molina Navarrete.

SOBRECARGA DE TRABAJO EN LOS JUZGADOS

JpD incluyó como partes interesadas en esta demanda sin precedentes al resto de asociaciones judiciales. Denuncia que más de la mitad de los juzgados sobrepasan en un 150 por ciento la carga de trabajo que fue fijada por el CGPJ y recordaba el caso del juez de lo Social de Madrid Ángel Luis del Olmo, que falleció en julio de 2013 en su despacho como consecuencia de un infarto.

Jueces para la Democracia denunció entonces en la Inspección de Trabajo que Del Olmo falleció en su lugar de trabajo en julio de 2013 afectado por una carga de trabajo del 206 por ciento en relación con los módulos fijados por el CGPJ, el día de su fallecimiento tenían señalados 19 juicios y solía permanecer en el despacho hasta las 10 de la noche.

La asociación considera que "es momento de pasar del talante a los hechos" y recuerda en su demanda que desde el 'Convenio de Creación y Seguimiento de un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales y de Vigilancia de la Salud de los miembros de la Carrera Judicial' suscrito entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia en diciembre de 2010 no se ha contratado un servicio para esta área ni se han evaluado los riesgos para la seguridad y salud de la Carrera Judicial.

Precisamente, la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial aprobó el pasado 27 de enero el primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial, como paso previo a su aprobación definitiva en la Comisión Mixta de la que forma parte con el Ministerio de Justicia. En este documento, se considera factor de riesgo laboral la sobrecarga de trabajo en los juzgados.

Apunta que el CGPJ aprobó un reglamento en 2011 que garantiza el derecho de los jueces a contar con una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el ejercicio de sus funciones y añade que el Ministerio de Justicia es titular junto a las comunidades autónomas de los centros de trabajo y medios materiales, así como del abono de las retribuciones de los magistrados.

A pesar del transcurso de los años, la asociación lamenta que el Ministerio de Justicia y el CGPJ han "incumplido" sus obligaciones y el colectivo judicial como empleados públicos están en la "más absoluta desprotección". Por ello, solicita que se declare inmediatamente la obligación de todos estos órganos de acometer dichas actuaciones y adoptar medidas de protección adecuadas a los módulos de productividad aprobados en enero de 2013.