La Audiencia Nacional prohíbe el acto de homenaje a la etarra Laura Riera

Así consta en un auto dictado este viernes en el que el magistrado ordena a la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "adopten las medidas necesarias" para evitar la celebración del acto.

Ruz, que sustituye temporalmente a Baltasar Garzón al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, ha adoptado esta decisión a instancias de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Ésta le reclamó que impidiera el acto al entender que su única finalidad es "la justificación de las acciones delictivas desarrolladas en nombre de ETA y la adulación pública de quienes las cometen, animando a su mantenimiento".

Interior hará cumplir la orden

El departamento de Interior de la Generalitat ha anunciado que "hará cumplir" la orden dictada por la Audiencia Nacional adoptando para ello las medidas pertinentes.

El acto de apoyo a Riera, convocado por plataformas alternativas a través de Internet y cartelería bajo el lema "Benvinguda Laura! (presa política catalana)", se tenía que celebrar el sábado a las 19.00 horas en la Plaza Raspall del barrio de Gràcia de Barcelona, donde luego se había previsto una marcha de antorchas para defender la liberación de las "presas políticas".

Laura Riera fue detenida y encarcelada provisionalmente en 2001 por su supuesta colaboración con ETA, acusada de aprovechar su trabajo en el Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) para facilitar al "comando Barcelona" el número de matrículas de coches de sus supuestos objetivos.

Posteriormente, en mayo de 2004, fue condenada por la Audiencia Nacional a 9 años de cárcel, al igual que a otros dos colaboradores de ETA en Cataluña: Zigor Larredonda y Diego Sánchez, que ya quedaron en libertad en pasado febrero.

Según la sentencia condenatoria, Riera, que trabajaba como auxiliar administrativo en la sección de multas del Ayuntamiento de Terrassa, entró al menos en doce ocasiones en la base de datos de la DGT para obtener el número de matrículas de varios objetivos de ETA, entre ellas la del concejal del PP de Viladecavalls (Barcelona) Francisco Cano, que fue asesinado con una bomba-lapa en su vehículo el 14 de diciembre de 2000. EPF