La Audiencia Nacional confirma la fianza de 30.000 euros impuesta al interventor de la Diputación de León

La Audiencia Nacional ha confirmado la puesta en libertad con la imposición de una fianza de 30.000 euros decretada para el interventor de la Diputación de León, Manuel Jesús López Sánchez, investigado en la 'operación Púnica' por haber favorecido a sociedades del empresario valenciano Alejandro de Pedro en la estación de esquí de San Isidro.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha desestimado el recurso presentado por el interventor contra la decisión del juez Eloy Velasco de dejarle en libertad bajo el pago de dicha caución, al entender que persisten indicios de la comisión de delitos de fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios y malversación de caudales públicos.

Según el auto, conocido este jueves, las posibles responsabilidades penales y los supuestos contactos de López con personas que podrían facilitar su sustracción de la acción de la Justicia, la obstrucción de la investigación y la desaparición de las fuentes probatorias "mantienen expectante" el peligro de fuga y de destrucción de pruebas, "Poco intenso, pero existente", remacha.

TRATO CON EL PRESUNTO 'CONSEGUIDOR' DE LA TRAMA

Los magistrados argumentan que el interventor está implicado en actividades desarrolladas en el seno de la Diputación Provincial de León, donde tenía sus facultades "delegadas" en cuestiones relacionadas con la contratación pública en la estación invernal de San Isidro al tener "intereses particulares" en este ámbito.

Sin embargo y a instancias del entonces presidente de la Diputación, López participó en una reunión con uno de los presuntos cabecillas de la red y considerado 'conseguidor' de contratos a favor de la trama, Alejandro de Pedro, en la que "indiciariamente se trataron cuestiones dirigidas a favorecer a este último o a las empresas que controlaba o en cuyo nombre hablaba en actuaciones a desarrollar en dicha estación de esquí, "en detrimento de la libre e igual concurrencia".

Además, destacan que continúa abierta la investigación sobre irregularidades en la relación contractual que mantenía la Diputación de León con la empresa 'Madiva'. En este contexto, se habría diseñado "una operativa fraccionada de pagos por presuntos servicios de publicidad concertados sin contrato ni un estudio económico de viabilidad para evitar subrepticiamente el preceptivo paso por la Intervención".

Por todo ello, los magistrados rechazan archivar la causa abierta contra López, rebajar o "erradicar" la fianza de 30.000 euros al entender que no resulta desproporcionada y recordar que está siendo investigado por delitos contra la Administración Pública.

13 APARTAMENTOS EN LA ESTACIÓN DE SAN ISIDRO

El juez instructor de la 'operación Púnica', Eloy Velasco, cree que el imputado disponía de 13 apartamentos en la estación de San Isidro y a pesar de que tenía el deber de abstenerse, "hizo gestiones y facilitó información económicas" sobre las pistas a solicitud del expresidente de la Diputación Marcos Martínez.

El magistrado envió a prisión incondicional a Martínez el pasado 30 de octubre al entender que concedió contratos a De Pedro "a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León".

El juez añadió en un auto que el empresario valenciano disponía de un trato a favor y sus empresas obtenían en exclusiva contratos en las pistas. Además, el presidente de la Diputación leonesa "tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude".

CABEZA DEL ENTRAMADO

El juez aseguraba que De Pedro es una de las "cabezas" de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo al dirigido por David Marjaliza, otro de los principales detenidos en la operación. "Se ha acreditado que presta servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares", apuntaba Velasco.

Consideraba que estos "trabajos" le abrían la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían "la contratación en otros sectores para sí mismo o para terceros" en lugares como Murcia, León y Madrid.

Tras las detenciones ordenadas el 27 de octubre, Velasco dictó prisión incondicional para siete personas, entre ellos el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, y dejó a ocho detenidos en libertad, trece en prisión eludible con fianzas --que oscilan entre los 25.000 y los 300.000 euros. Otras cuatro personas quedaron en libertad con la obligación de pagar fianzas de hasta 40.000 euros.