La Audiencia Nacional procesa por primera vez a prostíbulos por la trata de mujeres del Este para su explotación sexual

La Audiencia Nacional ha proceso por primera vez a sociedades titulares de clubes de alterne y prostíbulos por blanquear capitales procedentes del tráfico de mujeres de Europa del Este para su explotación sexual en España.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha dictado un auto de procesamiento contra las mercantiles Novoquality Spain S.L., Inversiones KI3 e Inmobiliarius Zaragoza 2012 por su relación con una organización dedicada a la trata sexual de jóvenes rusas que habían sido engañadas para ejercer la prostitución en clubes de ciudades como Zaragoza, Barcelona, Ibiza y Madrid.

Las actividades de las empresas estaban relacionadas con las actividades de una organización criminal asentada entre Rusia y España, dirigida por los ciudadanos rusos Igor Chernavskiy, Natalia Nikolaevna y Tatiana Kuznetsova, que captaba a mujeres jóvenes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia de estratos sociales desfavorecidos y las proveían de documentación para su entrada en el territorio nacional.

Tras ello, las "vendían" a personas que las explotaban sexualmente bajo intimidación en diversos clubes de alterne y chalet-prostíbulos sin hacerlas contrato laboral y sin cotizar a la Seguridad Social. A su llegada a España, asumían una "deuda" y se les retraía el 50 por ciento de la recaudación.

DISPONIBLES 24 HORAS Y SIN PROTECCIÓN

Debían estar disponibles las 24 horas y hacer servicios sin preservativo, lo que aumentaba el riesgo de coger enfermedades infecciosas y aún mortales. Otros miembros de la red ayudaban como agentes activos a la labor de captación de jóvenes eslavas a través de varias agencias rusas.

Los beneficios de esta actividad ilícita se enviaban a Rusia introduciendo en el mercado lícito en España a través de inversiones inmobiliarias, pagándolos gran parte en efectivo o cancelando anticipadamente hipotecas.

El juez aprovecha la reforma del Código Penal que permitió imputar a personas jurídicas y procesa a una veintena de miembros de la organización por delitos contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales, trata de seres humanos, favorecimiento de la inmigración clandestina y falsedad de documento oficial.