En concreto, la sentencia del conocido como 'caso Unión' estima que es "criminalmente responsable de un delito continuado de malversación de caudales públicos al Ayuntamiento de Arrecife en concurso con un delito continuado de prevaricación".
Además, también se le considera culpable de un delito continuado de malversación de caudales públicos a la entidad Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa), así como de prevaricación; por lo que se le impone una condena adicional de dos años, nueve meses y veintidós días de prisión, y cinco años y cinco meses de inhabilitación absoluta.
