La Audiencia Provincial de Cádiz acoge desde este martes el juicio por la 'operación Halcón'

La Audiencia Provincial de Cádiz acoge entre este martes y el próximo día 23 el juicio por la 'operación Halcón', que sentará en el banquillo de los acusados a una veintena de personas presuntamente relacionadas con una trama dedicada a la emisión de facturas falsas en la sierra gaditana. Entre los acusados figura el exjefe de la Policía Local de Ubrique Carlos Carretero, supuesto cabecilla de la trama que ya fue condenado a prisión en 2012 por la denominada 'operación Karlos'.

Según han indicado a Europa Press fuentes del caso, el juicio, que comienza a las 10,00 horas, se celebrará en sesiones de mañana y tarde en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez de la Frontera.

Cabe recordar que la investigación por esta operación, estrechamente ligada a la 'operación Karlos', se remonta a noviembre de 2005, cuando un juzgado de Jerez abrió diligencias por un presunto fraude "generalizado" en la provincia de Cádiz.

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge que el acusado Carlos Carretero ideó en el periodo comprendido entre 1999 y 2000 "la creación de una estructura integrada por entidades con forma societaria e individuos que actuarían como testaferros suyos".

Así, habría actuado "con el objetivo de beneficiarse ilícitamente aprovechándose de la dificultad de las empresas que realizan su actividad en la economía sumergida para vender sus productos, y sobre todo, de las que, no hallándose en tal situación, compran mercaderías a las anteriores", sin poder justificar tales compras ni compensar el correspondiente IVA, realmente no soportado en dichas operaciones, con el repercutido a sus clientes.

Igualmente, "tal provecho ilegal provendría del propósito de muchas de estas entidades mercantiles de reducir indebidamente la cuota adecuada a la Hacienda Pública en concepto de Impuesto de Sociedades, mediante la declaración de compras (gastos deducibles) inexistentes".

En este sentido, entiende el Ministerio Público que para la ejecución de lo ideado, Carretero "contó con la colaboración principal de los también acusados M.G.M. y S.M.V., a quien se refiere como su "hombre de confianza".

También alude en este punto a la pareja de hecho de Carretero, E.I.C.G., a quien considera "verdadera lugarteniente" del mismo en estas actividades como "encargada de llevar la contabilidad real del grupo y de la confección material de las facturas".

Según la Fiscalía, para tal fin utilizó a un grupo de personas que, "por hallarse en situación de precariedad económica o por mantener relaciones de parentesco o amistad con los anteriores, accedieron a figurar como titulares de las empresas ficticias que Carlos Carretero fue constituyendo a tales efectos y a firmar las facturas igualmente ficticias que éste les iba entregando a cambio bien de una magra remuneración bien de la obtención ilegal, por procedimientos fraudulentos, de pensiones de la Seguridad Social" (en alusión a la operación 'Karlos').

El fiscal considera estos hechos constitutivos de presuntos delitos de continuados de falsedad en documento mercantil y de otros once contra la Hacienda Pública. Así, solicita 36 años de prisión para Carretero y su pareja, considerados los cerebros de la trama, y 1,8 millones de euros en multa.

La Agencia Tributaria, que se persona como acusación particular en este caso, alertó en su día de un supuesto "negocio" vinculado a la economía sumergida que consistía en la presunta comercialización en el mercado negro de facturas para desgravarse impuestos de manera ilegal.

Esta práctica causó a las arcas públicas un agujero de 7,6 millones de euros a través de la defraudación de cuotas del IVA y del Impuesto de Sociedades. La instrucción de este fraude millonario a cargo del Juzgado número 2 de Jerez terminó en 2009, pero no se señaló fecha para el juicio hasta 2015.