La Audiencia de Sevilla confirma la fianza civil de 88.996 euros a un dirigente de CCOO-A imputado en el caso ERE

La Sección Séptima de la Audiencia, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, rechaza de este modo el recurso interpuesto por el sindicalista, que entendía que la fianza civil impuesta por la juez Mercedes Alaya se basa en una imputación "construida" por la magistrada de forma "artificiosa y sorpresiva, al menos en cuanto al relato de los hechos".

El imputado, al que la instructora atribuye una "participación activa" en la concesión de ayudas del expediente de Calderinox, había recurrido además alegando "ausencia de indicios de criminalidad" contra su persona, pero el tribunal pone de manifiesto que el auto de la juez "fija la cuantía de las responsabilidades pecuniarias, no los indicios de criminalidad que dan lugar a ese pronunciamiento".

Además, recuerda que estos indicios de criminalidad ya fueron desglosados por la propia Audiencia al resolver su recurso contra el auto de imputación, y señala que "del testimonio remitido para resolver el presente recurso de apelación no consta que estos indicios hayan decaído y/o variado".

El sindicalista también recurrió alegando que, del contenido del auto dictado por la juez, "puede deducirse que los hechos y la fundamentación jurídica estaban preelaborados antes de la declaración" del imputado, una afirmación que, según la Audiencia, "se funda en valoraciones propias del letrado sobre los indicios que pesan sobre el apelante y posibles errores sobre datos poco relevantes".

La Audiencia entiende que "de lo instruido parece que el apelante, no sólo ha influido en la posible inclusión de dos 'intrusos' en el ERE de Calderinox, sino también que ha participado en connivencia con otros imputados en esa trama fraudulenta que culminó en el ERE de los trabajadores de esa empresa".

A su juicio, ello "justifica la imposición como fianza en el orden de las responsabilidades pecuniarias de esa cantidad entregada por la Junta para hacer frente a la prima de la póliza colectiva mediante la que se hacía el pago a los trabajadores beneficiarios de aquel ERE, con la reducción que ha establecido la juez en su auto de 26 de mayo de 2014".

Inicialmente, la instructora impuso al dirigente sindical una fianza civil de 593.306,96 euros, aunque posteriormente la redujo a 88.996,04 euros al entender que la fianza debe cuantificarse en un porcentaje sobre la cantidad realmente abonada por la Junta en el expediente de Calderinox, que ascendió a 444.980,22 euros.

La juez imputa a Enrique Manuel Jiménez tres delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.