El Ayuntamiento de Orihuela (Valencia) mantendrá la demanda de desahucio sobre el Palacio de Justicia

La portavoz del equipo de gobierno municipal de Orihuela (Alicante), Antonia Moreno, ha destacado que la Consejería de Justicia no ha enviado en marzo el convenio para obtener el palacio de justicia en propiedad, por lo que el Ayuntamiento continuará adelante con el procedimiento de desahucio por precario del edificio, según ha informado en un comunicado el citado consistorio.

En un encuentro informativo ofrecido para detallar los asuntos tratados en la junta de gobierno local, Moreno ha recordado que en su visita del pasado 7 de marzo, el consejero de Justicia, Serafín Castellano, dijo que "reducía al mes de marzo la redacción y envío de un convenio con el Ayuntamiento para obtener el edificio en propiedad".

"Ha pasado el tiempo, el señor Serafín Castellano sigue sin dar noticias y ha sorprendido lo justo a quien algo esperara", ha señalado Moreno, quien también ha aludido a la moción presentada y aprobada en el último pleno con los votos del PP y de varios ediles no adscritos, en la que se proponía desistir del procedimiento de desahucio.

"Quiero aclarar y decir con rotundidad que no se va a desistir del procedimiento de desahucio por precario del Palacio de Justicia", ha continuado Moreno.

Al respecto, ha recordado que esta decisión obedece a la legislación vigente en materia de bienes de las entidades locales, que obliga a acudir a los tribunales para la recuperación de los bienes patrimoniales una vez transcurrido un año desde la pérdida de la posesión por parte de la entidad local propietaria.

"Por lo tanto acudir a la justicia no ha sido un capricho sino una imposición legal, y derivada de la inactividad absoluta de los anteriores gobiernos del Partido Popular", ha señalado.

En este punto, ha detallado que "de haberse tratado de un bien de dominio público la recuperación se hubiera podido realizar en vía administrativa, pero lamentablemente no es este el caso".

Moreno ha recordado que es la Generalitat valenciana la que tiene las competencias en materia de justicia, y en su opinión, además es la responsable de "haber permitido, con su inactividad, llegar a esta situación, demostrando que es incapaz para prestar el servicio con sus propios medios y sin apropiarse ilegalmente de los bienes de otras Administraciones".

"MOCIÓN NULA DE PLENO DERECHO"

A su parecer, el pretender reducir el litigio entre ambas administraciones a una "reclamación de cantidad" supone "el desconocimiento absoluto de la realidad jurídica de la cuestión", todo ello "obviando que el edificio ocupado sin título por la Generalitat es un bien patrimonial del Ayuntamiento y como tal así consta inscrito en el Registro de la Propiedad".

Así, ha remarcado que el artículo 9.2º del Reglamento de Bienes de las entidades locales impone a las entidades locales la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos, y que el artículo 73 del mismo cuerpo legal impide que las entidades locales se allanen a las demandas judiciales que afectaren al dominio y demás derechos reales integrantes de su patrimonio.

Por todo ello, la propuesta de desistimiento recogida en la moción "es absolutamente ilegal y en caso de aprobarse se trataría de un acuerdo nulo de pleno derecho del que serían responsables en los términos del artículo 78 de la ley de bases del régimen local aquellos concejales que votaran a favor de dicha propuesta".