Ayuntamiento de Rasquera (Tarragona) recurre la sentencia que anula su plan para sembrar marihuana

La defensa del consistorio justifica su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, por la "incongruencia de la sentencia y la errónea motivación", y no considera acreditado que concurra una causa de nulidad a los acuerdos de Rasquera.

Además, defienden "la relevancia y el interés social, económico y jurídico, y por ende, general" del plan de Rasquera que preveía obtener 1,3 millones de euros en dos años, una cantidad que se aproximaba a la deuda del consistorio, y que les ayudaría a destinar los ingresos a otras cuestiones, como la creación de empleo, cuidado de bosques y tratamiento forestal.

Alegan que ante la crisis "resulta fácil comprender que el interés público está ligado al interés social, al interés de los ciudadanos, y para hacer frente a las legítimas exigencias de los ciudadanos y poder ofrecerles sanidad, educación, justicia y servicios sociales de calidad, se necesita financiación".

La Abogacía del Estado de Tarragona presentó el 30 de marzo de 2012 un recurso contra los acuerdos municipales después de analizar la viabilidad del proyecto, justificándolo en que el Ayuntamiento carecía de competencias para impulsar una plantación de cannabis.

Después de más de un año de proceso, el juzgado anuló la creación de la entidad pública empresarial de promoción económica y social de Rasquera --Rasquerana de Investigación e Interpretación de la variedad vegetal Cannabis Sativa (RRICA)-- y el contrato privado con la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (Acbda).

SENTENCIA

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, justifica la anulación de la creación de la entidad pública empresarial RRICA y del acuerdo con Abcda en la falta de interés público, que lleva "necesariamente a la falta de competencia objetiva", además de la falta de permiso para llevar a cabo actividades que supongan un contacto con sustancias calificadas legalmente como estupefaciente.

Según el juzgado, para impulsar una empresa pública se requiere de un "verdadero interés público subyacente, sin que el interés económico o una grave situación económica de un ayuntamiento --que alegaba Rasquera para impulsar estos acuerdos-- pueda ser incluida dentro de ese concepto".

El proyecto, con el que el consistorio preveía obtener 650.000 euros anuales, consistía en alquilar terrenos agrícolas de Rasquera a Abcda la para el cultivo de cannabis, con la intención de abastecer a los más de 5.000 socios de este club de fumadores barcelonés, y la creación de la RRICA para hacer investigación en la variedad de Cannabis Sativa.