El Ayuntamiento de Vitoria propone anular el contrato por el que fueron condenados Alonso y Maroto

La resolución del pleno municipal ha sido aprobada con los nueve votos a favor de EH Bildu, Podemos e Irabazi, la abstención de los nueve concejales que suman el PNV y el PSE-EE, y el voto en contra de siete ediles del PP.

En las filas del grupo 'popular', que cuenta con nueve concejales, no han participado en la votación ni el propio Maroto, que aunque ha estado en la sesión no estaba presente en el salón de plenos en el momento de emitir el voto, ni otra concejal que no ha podido asistir al pleno, según han informado fuentes municipales.

La moción, que no es vinculante, se ha aprobado dos semanas después de que el Tribunal de Cuentas del Estado condenara a Alonso, Maroto y al resto de concejales del PP que formaban parte del Gobierno municipal de Vitoria que firmó, en 2007, un contrato de alquiler de unas oficinas con el empresario Gonzalo Antón.

El Tribunal de Cuentas considera que aquel contrato causó un perjuicio de 393.000 euros al erario público por haberse firmado a un precio considerado muy superior al de mercado, por lo que reclama a los condenados el pago de esa cantidad como reintegro al Ayuntamiento.

La moción aprobada este viernes propone iniciar un expediente de anulación de dicho contrato -que sigue vigente- al "amparo" de la sentencia del órgano fiscalizador y de las conclusiones de la comisión de investigación constituida en su día en el Ayuntamiento en torno a este asunto.

"PRUDENCIA"

Desde el Gobierno municipal, integrado por el PNV y PSE, se ha explicado que la decisión de ambos grupos de abstenerse en la votación se debe a que el Ejecutivo aún está a la espera de recibir un informe sobre la viabilidad de anular o no este contrato.

Las mismas fuentes indican que si el informe certifica que es posible suspender el contrato, esto se haría "al día siguiente". No obstante, han explicado que hasta entonces, por "prudencia" y por el principio de "seguridad jurídica", no consideran conveniente iniciar un expediente de anulación del contrato.

Según han explicado, de esa forma se pretende evitar que una eventual anulación del contrato sin sustento jurídico suficiente fuera recurrida por el empresario afectado y, finalmente, el Ayuntamiento tuviera que ofrecerle una indemnización.