La jueza requirió a Besteiro documentación sobre un proyecto y ordenó entrar en la Diputación ante la "negativa"

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar De Lara, requirió en julio de 2014 al presidente de la Diputación Provincial, José Ramón Gómez Besteiro, la entrega de documentación relativa al proyecto 'Km 0'. En caso de "negarse" a darla, advirtió con que procedería "de inmediato a la entrada y registro en la sede" del organismo, como así finalmente sucedió.

Así lo recoge el sumario de la 'Operación Pulpo', al que ha tenido acceso Europa Press y por el que la jueza investiga al ya expresidente de la institución provincial y exlíder de los socialistas gallegos, al que atribuye seis supuestos delitos en este caso, y otros cuatro en otra causa abierta relativa a la construcción de unas torres en O Garañón, en la ciudad de la Muralla.

En concreto, entre otros documentos, De Lara solicitaba el acuerdo de aprobación por parte de la junta de gobierno de la Diputación --de fecha de 2 de septiembre de 2011-- de la propuesta de precio público pactada por el servicio de protocolo para las rutas de este proyecto, financiado en parte con fondos europeos.

Aunque inicialmente no tenían coste para los beneficiarios, luego se empezaron a cobrar 5 u 8 euros --en función de si el usuario era colectivo o individual--. La UDEF, al respecto, en un informe también de julio de 2014, cifra el montante recabado por este concepto hasta 2012 en 56.470 euros. Anteriormente, en un informe de marzo de 2014, los agentes se preguntaban "si ese dinero fue finalmente destinado a cubrir los gastos de las excursiones".

Además, la jueza solicitaba las actas del pleno de la Diputación en sesión ordinaria mediante la cual se aprobó el establecimiento del precio público para actividades de promoción turística; la orden por la que el servicio de Presidencia puso en marcha el 'Km 0'; las normas por las que se rige el programa; otro acuerdo por el que se modificó la estructura organizativa y a través de la cual Presidencia se configuró "como un área de la que dependen directamente distintos servicios"; y normativa de la Unión Europea en cuanto a la aportación de datos para la justificación del programa.

Asimismo, demandaba resoluciones por las que se constituyó anticipo de caja fija para el servicio de protocolo y toda la documentación sobre expedientes de adjudicación de servicios de transporte adjudicados en el periodo comprendido entre el año 2008 y 2014 por la Diputación.

Sobre este extremo, la magistrada observa --a raíz de lo dictaminado por la propia UDEF-- "un claro fraccionamiento del objeto del contrato de transporte licitado".

Señala, igualmente, "la circunstancia de que tiempo después y ante el importe" de una determinada licitación "se celebra un procedimiento negociado sin publicidad en el que la Diputación invita a tres empresas como participantes, las tres curiosamente participadas por don Raúl José López López".

COMPARECENCIA

Tras este auto, la Diputación, en el marco de las diligencias previas por un supuesto delito, dice, "sin especificar", planteó su comparecencia en el procedimiento.

Lo hizo a través de un decreto en el que también determinó que del mismo se daría cuenta a la junta de gobierno de la institución para su ratificación, si procede.