Beteta: "Las comunidades han cometido el error de querer ser mini-Estados"

En esta línea, el exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid indicó que el Ejecutivo trabaja a día de hoy para conseguir reducir el déficit, una medida que permitirá resolver las dudas de Bruselas sobre las comunidades. "Tanto Europa como el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional creen que el problema de la gestión del déficit reside en las autonomías", ha admitido durante su intervención en la cuarta edición del Foro Menorca Illa del Rei.

Por otro lado, Beteta ha manifestado que un estudio elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales ha revelado que el gasto per cápita en competencias obligatorias en los municipios de menos de 5.000 habitantes (que suponen el 83 por ciento del total de municipios españoles) es de 2.813 euros, mientras que en los de más de 100.000 habitantes esta cifra se rebaja hasta los 652 euros. En este punto, el secretario de Estado ha abogado por potenciar el papel de las diputaciones o los consells insulares hasta convertirlos en "grandes centrales de compra para la provisión de servicios".

Del mismo modo, el responsable del Gobierno central ha resaltado que la Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local pretende poner orden y llevar la ley de estabilidad presupuestaria "hasta las últimas consecuencias". Beteta apuntó que, al formar parte Estatutos de Autonomía del bloque constitucional, "no se moverá una sola competencia autonómica" y, por ello, el Gobierno actuará a través del ámbito municipal.

En concreto, ha especificado que los principios que inspiran el anteproyecto de la nueva normativa serán, entre otros, evitar las duplicidades, eliminar competencias "impropias", actualizar las competencias municipales, exigir el equilibrio presupuestario de las entidades locales, redimensionar el sector público local, buscar la adecuada prestación de servicios públicas reforzando el papel de las diputaciones provinciales, mejorar la transparencia y eficacia de las administraciones locales a través de la fiscalización de las cuentas.