Beteta y el presidente de la Diputación de Málaga abordan la reforma de la administración local

Ambos han revisado el contenido de la propuesta de modificación del articulado de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen de local en relación con las competencias de las entidades locales, que supondrá un cambio de modelo respecto a la legislación vigente.

En la reunión, que se ha celebrado en la sede del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, han participado también el secretario general de Coordinación Autonómica y Local, Enrique Ossorio; el director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Manuel Arenillas; el subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, y el diputado de Presidencia, Carlos Conde.

El borrador de la reforma legal prevé realizar, en el plazo de un año desde que sea aprobada, una prueba en la que se evalúe la calidad de los servicios ofrecidos por los municipios con menos de 20.000 habitantes, 85 en la provincia de Málaga, de modo las diputaciones se hagan cargo de aquellos en los que sus ayuntamientos no superen el examen.

El texto prevé una reordenación de la carta obligatoria de competencias que prestan los ayuntamientos de las pequeñas poblaciones para que sus ciudadanos no vean mermados sus derechos básicos, así como una potenciación del papel de las instituciones provinciales.

Respecto a los municipios con una población superior a los 20.000 habitantes, podrá acordarse una fórmula supramunicipal para la prestación de servicios con carácter voluntario, sin perjuicio de que puedan incorporarse libremente al servicio provincial.

El modelo que se propone pasa por construir administraciones "más austeras, transparentes y que estén más centradas en prestar servicios de calidad a los ciudadanos", bajo el precepto básico de que no se puede gastar más de lo que se ingresa. De este modo, se exige el respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Bendodo se ha mostrado "partidario" de "una profunda remodelación" de las administraciones públicas. "Nuestra postura es clara desde que tomamos posesión: una administración, una competencia", ha apuntado en este sentido, al tiempo que ha insistido en la necesidad de evitar duplicidades.

Además, ha dicho estar "satisfecho" del interés por reforzar las diputaciones, "unas instituciones cercanas que conocen las necesidades de los ciudadanos"; así como por las modificaciones que se plantean en torno a la ley de régimen local, porque tienen como objetivo último "la igualdad real de todos los ciudadanos, independientemente de que vivan en municipios grandes o pequeños, de costa o de interior", ha explicado.

"Lo que se pretende asegurar es que todos reciben unos servicios públicos con unos estándares de calidad aceptables, que no haya ciudadanos de primera y de segunda", ha insistido el presidente de la Diputación de Málaga.

FINANCIACIÓN

La financiación de los municipios es otro de los aspectos que se pretende regular en la reforma legal, de manera que se asegure el mantenimiento de los servicios.

En este punto, Bendodo ha indicado que las instituciones "deben reorganizarse y redimensionarse para adaptarse a las necesidades actuales" y ha explicado que con la reordenación de competencias se trata de poner coto al gasto público de las administraciones locales.

Por otro lado, el máximo responsable del ente supramunicipal malagueño le ha expuesto al secretario de Estado de Administraciones Públicas las líneas básicas de su gestión primer año de gestión.

Así, ha destacado el pago de 55 millones de euros a proveedores, dejando la deuda en 'cero técnico'; y Beteta ha calificado la gestión realizada por esta Diputación como "eficaz y pionera", ya que se ha adelantado a las iniciativas del Gobierno "cumpliendo sus compromisos y resolviendo una situación muy delicada", ha afirmado.