Bono renuncia a examinar a los candidatos al TC presentados por las minorías alegando que no da tiempo a renovarlo

El presidente del Congreso, José Bono, ha reconocido este viernes que el adelanto electoral hará prácticamente imposible llevar a cabo la renovación del Tribunal Constitucional al disolverse las Cortes a finales de septiembre, y por ello ha dado a entender que renunciará a convocar a la comisión consultiva de nombramientos siquiera para examinar a los cuatro candidatos presentados por las minorías.

"No resulta temporalmente razonable prever que se puedan cumplir los trámites reglamentarios", ha reconocido en declaraciones a los periodistas en el Congreso antes de comenzar el pleno que aprobará la reforma de la Constitución acordada por PSOE y PP para constitucionalizar la disciplina presupuestaria.

Bono, que antes del verano había emplazado a PSOE y PP a presentar candidatos antes del 1 de septiembre, ha reconocido no haber recibido contestación. El presidente de la Cámara se había comprometido a convocar el mismo día 1 de septiembre la Comisión de Nombramientos del Congreso para poner en marcha la renovación, un procedimiento para el que han presentado candidatos CiU, ERC, IU, ICV y el BNG.

No obstante, la mayoría cualificada necesaria para elegir a los magistrados hace imprescindible el acuerdo de PSOE y PP sobre los nombres, y éste no se ha producido

Preguntado por su intención de convocar la comisión de nombramientos y por las candidaturas ya presentadas, Bono ha asegurado que en las próximas reuniones de la Mesa se atenderán "todos los escritos que han sido presentados", pero acto seguido ha precisado que dado que las Cortes se disolverán el próximo día 26 no es probable que dé tiempo a cumplir con los trámites de la reforma.

A ESPERAR HASTA 2012

Así las cosas, y dado que la constitución de las nuevas cámaras no se espera hasta diciembre, todo apunta a que la renovación del Tribunal Constitucional, que está pendiente desde noviembre de 2010, no se resolverá al menos hasta la próxima primavera.

Lo mismo puede decirse de otras instituciones que permanecen encalladas por la falta de acuerdo de los dos grandes partidos: el Defensor del Pueblo, cuyo titular cesó en junio del pasado año; el Consejo de RTVE, la mitad de cuyos miembros debía haberse renovado hace un año; y el Tribunal de Cuentas, que agotó su mandato en noviembre de 2010.