Bosch (ERC) critica que prohibir iluminar fuentes "roza el ridículo y es indecente"

Ha exigido este miércoles en rueda de prensa que salgan de prisión, y así no deberán prohibir iniciativas como esta porque ya no tendrán la necesidad de llevarlas a cabo, y ha remarcado: "Que haya gente en prisión por motivos políticos y que PP, PSC o Cs se dediquen a prohibir lacitos amarillos, fuentes y pancartas nos parece que roza el ridículo".

Bosch lo ha dicho junto a las concejales republicanas Trini Capdevila y Montserrat Benedí, con las que ha presentado un informe de ERC sobre los efectos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Barcelona, ante el que considera que el Gobierno de Ada Colau debería "reaccionar" y hacer una radiografía detallada de sus efectos.

Ha dicho que, teniendo en cuenta todas las iniciativas que pueden estar afectadas por el 155, calculan que están afectados unos 500 millones de euros, incluyendo partidas consorciadas, presupuesto de la Generalitat y transferencias al Ayuntamiento no sólo de 2017, sino también en acuerdos que engloban diversos años.

EL TRANVÍA "DEPENDE DE RAJOY"

Bosch ha asegurado que el contrato programa de bienestar social 2016-2019 también "queda en interrogante", igual que la aportación de la Generalitat al Consorcio de Educación y las transferencias directas al Ayuntamiento, la llegada de la L10 de Metro a la Zona Franca y el traspaso definitivo de la ya cerrada cárcel de La Model a la ciudad.

Ha dicho que lo mismo ocurre con el tranvía, ya que la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), mayoritariamente participada por la Generalitat, debía firmar un convenio y llevarlo después al pleno para que los grupos abordaran su aprobación: "Queda frenado, y el tranvía de Barcelona ahora mismo dependen de Mariano Rajoy".

Bosch ha asegurado que el 155 está ralentizando la acción de la Generalitat, y ha dicho que ha tenido conocimiento de casos de personas que cobraron la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) en la primera mensualidad pero que después ya no han cobrado más, algo que ha descartado la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz.

EVITAR GENERAR "ALARMA"

Preguntada después en rueda de prensa, Ortiz ha replicado que la renta garantizada no es una partida de subvenciones que deba firmarse --por lo que sigue cobrándose--, y ha dicho a Bosch que "hay que ser cuidadosos antes de poner la alarma en cuestiones que afectan a personas vulnerables".

Ha señalado que el Ayuntamiento mantiene su relación habitual con la Generalitat, aunque el artículo 155 afecta a la cotidianidad política y a la democracia, por lo que el Gobierno de Ada Colau está comprometido con que deje de aplicarse: "Seremos beligerantes contra esta situación".