Mireya Boya no entra en prisión, ni le imponen medidas cautelares

La expresidenta de la CUP en el Parlament Mireia Boya ha sido interrogada este miércoles por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa del 'procés'.

Boya ha afirmado que la declaración unilateral de independencia (DUI) del pasado 27 de octubre no era meramente "cosmética" sino que buscaba una "efectividad real"

Ninguna de las acusaciones ha solicitado contra ella el ingreso en prisión ni ninguna medida cautelar, han informado fuentes jurídicas.

Boya ha respondido afirmativamente a la pregunta que le ha realizado en este sentido el instructor de la causa y ha añadido, según las mismas fuentes, que dicha efectividad suponía cumplir con un mandato de sus propias bases.

Esta afirmación contradice la calificación de "simbólica" que han dieron a la DUI en sus respectivas declaraciones en el Supremo varios exmiembros del Govern también investigados en este procedimiento.

"CAZAR CON PORRAS"

Sobre las protestas de septiembre, la exdiputada de la CUP ha atribuido los destrozos que sufrieron vehículos de la Guardia Civil durante el asedio a la Consejería de Economía a los periodistas que cubrían la concentración. Y en cuanto al 1 de octubre, Boya ha declarado ante el juez instructor que "agentes de paisano salieron a cazar con porras a los independentistas" que se manifestaban a favor del referéndum.

Al terminar el interrogatorio, Boya ha comparecido ante los medios de comunicación que esperaban fuera del Supremo y ha aprovechado para decir que cree que "las próximas declaraciones" que hay previstas para la semana que viene "tendrían que parecerse" a la que ella ha hecho hoy.

La exdiputada de la CUP se refiere a las citaciones en el alto tribunal de Marta Rovira (ERC) y Marta Pascal (Junts per Catalunya) el próximo lunes, 19 de febrero; Artur Mas y Neus Lloveras (AMI) un días más tarde; y de su compañera Anna Gabriel el día 21.

"Las próximas declaraciones creemos que tendrían que parecerse a la que yo he hecho hoy aquí. No es con la justicia como vamos a solucionar el conflicto político entre Cataluña y el Estado español. Esto es un juicio político y tenemos que actuar como tal, defendiendo nuestros postulados políticos y nuestro programa electoral", ha afirmado.

LA CONSTITUCIÓN ES "UN MURO"

Ante los periodistas, Boya ha insistido en que la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre "se vio truncada por un golpe de Estado", en alusión a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y ha defendido que la Carta Magna es "un muro" y que "ante los muros la gente se moviliza".

"He dicho que la interpretación de la Constitución no se tiene que convertir en un muro para dirimir un conflicto político. Hay que reformarla y apostamos por hacer una propia de forma participativa, desde abajo en un proceso constituyente propio", ha añadido.

La exdiputada de la CUP está imputada en la causa del Supremo porque su anterior cargo como presidenta del grupo parlamentario aparecía en el documento 'Enfocats' como parte del comité estratégico del proceso independentista.

A este respecto, ha asegurado al juez que "no había visto nunca" este documento hasta que leyó el atestado de la Guardia Civil.

De hecho, ha dicho a los medios de comunicación que la CUP es "una organización que trabaja desde abajo, con los movimientos sociales", y que por tanto no aceptaría "una dirección clandestina que tomara decisiones en nombre de todos los ciudadanos".

"Es la voluntad de los ciudadanos la que hace avanzar a las instituciones. Ese documento no tiene ningún sentido, no hemos participado nunca en un comité estratégico", ha apuntado.

"AÚN HAY CUATRO PRESOS POLÍTICOS"

Boya, a la que el juez instructor no ha preguntado en ningún momento si acata la Constitución, ha asegurado que no está satisfecha por el hecho de que ni Fiscalía ni acusación popular hayan pedido medidas cautelares contra ella, ya que ha recordado que "aún hay cuatro presos políticos en la cárcel, que están secuestrados por el Estado español", en alusión a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Por último, ha denunciado las "penas desproporcionadas" que implican los delitos de los que se acusa a los investigados en la causa del 'procés' --rebelión, sedición y malversación de caudales públicos--, los cuales responden a "un derecho de excepción".