Las CCAA con nuevos estatutos legislan sin esperar el fallo del Constitucional sobre el Estatut

Pese a que algunos de sus artículos son prácticamente idénticos a otros del texto catalán, impugnado ante el TC, los gobiernos autonómicos se han puesto manos a la obra sin esperar la sentencia que próximamente hará pública el alto tribunal sobre la constitucionalidad del Estatut.

Sin embargo, según fuentes de los ejecutivos autonómicos afectados, algunas comunidades como Aragón, Cataluña y Castilla y León creen que, pese a ello, el Gobierno central está paralizando los traspasos y no pone en marcha los mecanismos previstos para profundizar en el autogobierno.

Por el contrario, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, considera que el desarrollo "está siendo positivo y se está produciendo a buen ritmo".

En declaraciones a Efe, Zarrías ha destacado la colaboración entre las administraciones, que fortalece el Estado de las Autonomías y moderniza los gobiernos autonómicos, lo que redunda en beneficio de los ciudadanos.

Zarrías se ha referido a los "notables avances" en el proceso de los Estatutos reformados y al "descenso notable" en la conflictividad entre el Estado y las comunidades, lo que ha atribuido a que "el diálogo "está funcionando".

La primera reforma de Estatuto aprobada en las Cortes fue la de la Comunidad Valenciana, que entró en vigor en abril de 2006, y desde entonces se aprobaron once leyes, como la del Régimen Económico Matrimonial o la de Renta garantizada de ciudadanía, y dos decretos-leyes, sobre fomento de la vivienda y créditos extraordinarios para dotar planes contra la crisis económica.

El nuevo Estatuto ha permitido crear varias comisiones y el Observatorio de derecho civil valenciano; se ha avanzado en el desarrollo de derecho foral y se trabaja en la elaboración de cinco leyes relacionadas con el Estatuto, como la de Sucesiones.

La Generalitat estudia la asunción de competencias en asuntos como la titularidad de lo trenes de cercanías, la gestión de puertos y aeropuertos, la creación de juzgados o la inmigración.

Asegura que "en absoluto" les condiciona lo que pueda ocurrir con los recursos contra el Estatuto de Cataluña y recuerda que ante las impugnaciones de Aragón y Castilla-La Mancha contra el suyo, el Constitucional resolvió a su favor.

El Estado y la Generalitat de Cataluña han celebrado seis comisiones bilaterales desde que el 9 de agosto de 2006 entró en vigor el nuevo Estatut.

Ello se ha traducido en nueve acuerdos de traspasos, la gestión del Hospital Clínico de Barcelona, la ordenación y gestión del litoral, las comunicaciones electrónicas, la autorización inicial de trabajo para extranjeros, la seguridad privada, notarios y registradores o la homologación de títulos extranjeros no universitarios.

Desde la Generalitat afirman que "en todo lo que depende" de ellos, el Estatut se aplica a buen ritmo, pero en lo que corresponde al Estado "es vidente que hay una falta de voluntad política clara".

Insisten en que hay que modificar leyes estatales para hacer posibles algunos traspasos previstos en el Estatut, una ley orgánica que "estamos obligados a desarrollar" al margen de la sentencia pendiente del Tribunal Constitucional.

El nuevo Estatuto de Andalucía entró en vigor en marzo de 2007 y para la Junta su evolución "no es exigua, sino todo lo contrario", ya que en este tiempo ha impulsado 24 leyes, que han sido aprobadas por el Parlamento, e iniciado la elaboración de cinco anteproyectos de ley que desarrollan nuevos derechos sociales.

Entre el traspaso de competencias, destaca el de la gestión de la cuenca del Guadalquivir o el pago de la "deuda histórica" de 1.204 millones de euros como asignaciones complementarias para la prestación de servicios, además del aumento de inversiones del Estado en Andalucía.

A finales de febrero de 2007 se aprobó el Estatuto de Baleares y el Gobierno regional cree que "en absoluto" puede incidir el fallo del Constitucional en el pleno desarrollo de su texto, por el que ya han creado la Agencia Tributaria, de Medidas Tributarias o modificado la ley de Capitalidad.

Se ha transferido la competencia del Instituto Social de la Marina y el próximo 1 de julio está previsto que se haga efectiva la del Parque Nacional de Cabrera.

En abril de 2007 se puso en marcha el nuevo Estatuto de Aragón que en su desarrollo legislativo propio ha hecho ya media docena de proyectos, aunque el Gobierno central es "muy poco sensible" con sus planteamientos, lo que ha impedido que se haya materializado nuevos traspasos.

Fuentes del Ejecutivo afirman que desarrollar su Estatuto no depende de lo que resuelva el Constitucional sobre el de Cataluña.

En similares términos se expresan desde Castilla y León, que denuncian que está "paralizada" por parte del Gobierno central la asunción de nuevas competencias, ya que en los últimos cinco años sólo se ha puesto en marcha el proceso para transferir la justicia, que aún no ha concluido.