CCM se negó a entregar documentación sobre operaciones sospechosas a uno de sus directivos, que acabó dimitiendo

El miembro de la Comisión Ejecutiva de Caja Castilla La Mancha (CCM) Emilio Sanz Sánchez presentó su dimisión en febrero de 2009 después de que la entidad se negara a facilitarle documentación sobre las operaciones crediticias que se presentaban al órgano ejecutivo, ha desvelado el imputado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Sanz Sánchez, presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y abogado de profesión, ha explicado al magistrado que en enero de 2009 pidió informes complementarios sobre varios de los créditos que debía avalar la Comisión con la intención de estudiar su viabilidad antes de aprobarlos. La directiva de la caja se negó a proporcionárselos lo que provocó que presentara su dimisión en febrero de ese año, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Ruz ha tomado declaración durante la mañana a cuatro exdirectivos de la entidad, a los que imputa la comisión de un delito de administración desleal por aprobar "operaciones singulares" que contribuyeron a causar un agujero de 267 millones de euros. Todos ellos han defendido que carecían de "conocimientos financieros" cuando avalaron los créditos irregulares que contribuyeron a desencadenar la quiebra de la caja.

Además de Sanz Sánchez el juez ha interrogado a José María Fresneda, Carlos Jiménez Morante y José Fernando Sánchez Bódalo que han precisado que, pese a pertenecer a la ejecutiva de CCM, procedían de sectores tan dispares como la agricultura, la administración o la geografía e historia.

En la misma línea que los tres exdirectivos que declararon ayer --Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato y Florencio Fernández-- los cuatro han asegurado que las operaciones que se presentaban a la Comisión que integraban contaban con el dictamen favorable del Área de Riesgos y del Comité Superior de Riesgos.

Los exdirectivos carecían de capacidad ejecutiva y cobraban una dieta de 400 euros por cada reunión a la que asistían, de periodicidad semanal. En estos encuentros la caja les facilitaba informes de una página, que se limitaban a reseñar la cuantía del préstamo, la empresa o particular que lo solicitaba, la valoración del Área de Riesgos y la del Comité Superior de Riesgos, del que formaba parte el exdirector general de la caja Ildefonso Ortega, sin aportar ninguna documentación adjunta.

En la causa, en la que se investigan una veintena de préstamos y operaciones crediticias presuntamente irregulares llevadas a cabo por la Caja, ya se encuentra imputados el expresidente de CCM Juan Pedro Hernández Moltó y Ortega por delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable.

OPERACIONES CONTRARIAS A LA NORMATIVA

En un auto dictado el pasado mes de enero, el juez solicitaba información sobre los créditos que la entidad concedió en 2007 y 2008 a las sociedades Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Naropa-Fermoselle (Kopan Cartera), T-Solar Global y Renovalia, así como a las empresas del Grupo Lábaro Whitness Investment Group, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos.

Todos ellos, según un informe elaborado por peritos del Banco de España, podrían ser "contrarios a la normativa bancaria y mercantil", por lo que su aprobación podría haber causado un "perjuicio" a la entidad financiera.

Ruz comenzó a investigar los hechos tras admitir a trámite una querella presentada por el exfiscal Ignacio Gordillo en representación del PP en el año 2010. Indicó entonces que el rescate de la Caja evidenció "de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil", así como la existencia de suficientes indicios de un presunto delito defraudatorio contra una "generalidad de personas" afectadas por el "perjuicio patrimonial", como son "los depositantes y los acreedores" de la caja de ahorros.

El Consejo de Ministros aprobó el 29 de marzo de 2009 en una reunión de urgencia la intervención de la caja manchega, que fue la primera en ser nacionalizada con un rescate de 9.000 millones de euros. Moltó y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España por las presuntas irregularidades derivadas de su gestión.