CCOO se suma a la denuncia por la asignación de plazas de aparcamiento a magistrados del TS

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha dirigido una carta al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes y al ministro de Justicia, Rafael Catalá, para denunciar la asignación de plazas de aparcamiento a los magistrados del Tribunal Supremo que considera un ataque "a los principios de igualdad que afectan de forma muy negativa al personal funcionario y laboral" destinado en el alto tribunal.

CCOO considera que este tipo de decisiones "una vuelta a tiempos de infausto recuerdo", en los que la concesión de privilegios a determinados "sectores de élite de la sociedad constituían un hecho habitual".

El sindicato exige que se anule el acuerdo de 3 e febrero de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y se proceda a un reparto de las plaza "por orden de llegada al edificio o mediante un sistema rotatorio de asignación por semanas, de forma que todas las personas destinadas en el tribunal que lo deseen dispongan del mismo derecho a su uso".

El Ministerio de Justicia sufragará el coste de 57 plazas para magistrados del Tribunal Supremo en el parking Villa de París y de otras 27 plazas del parque móvil en el aparcamiento del edificio Colón, próximo a la nueva sede de la Audiencia Nacional, por un total de 113.490 euros y que discrimina al conjunto de funcionarios según denunció este lunes CSI-F.

El sindicato, mayoritario en el sector Justicia, recuerda que el Gobierno viene sometiendo a la Administración de Justicia a un ajuste económico radical y que "sin embargo, desde el Ministerio de Justicia se adopta una medida con fondos públicos discriminatoria, dado que en el Tribunal Supremo no sólo desempeñan su labor los magistrados".

Lamentan que los funcionarios del Supremo, "con salarios mucho menores" que los de los magistrados, se ven obligados renunciar a la utilización de sus vehículos o alquilar una plaza de aparcamiento, "con el perjuicio económico y para la conciliación de la vida laboral y familiar que ello conllevaría, además de evidenciar una diferencia de clases".

CSI-F entiende que, por la reducción del espacio disponible para estacionar vehículos y por motivos de seguridad de un edificio público como es el Tribunal Supremo, sea necesario que la Administración alquile plazas de garaje, al objeto de garantizar el estacionamiento a los usuarios autorizados, "pero no compartimos que se limite el aparcamiento a unos pocos", añade.