El CGPJ pone un refuerzo al juez Ramírez Sunyer para que se dedique en exclusiva a la investigación del 1-O

Este magistrado de apoyo será el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, Pablo Jesús Alonso García, a quien el órgano de gobierno de los jueces ha concedido una comisión de servicio sin relevación de funciones por tiempo de seis meses.

De este modo, Ramírez Sunyer podrá dedicar su tiempo a causas como las Diligencias Previas 118/2017, seguidas por delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos relacionadas con la organización del 1-O, según puntualiza el CGPJ.

A PETICIÓN DEL PROPIO RAMÍREZ SUNYER

La concesión de la comisión de servicio, que ha sido tramitada por la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC) a petición del propio Ramírez Sunyer, se justifica por la complejidad de la instrucción y por el elevado número de personas investigadas en el procedimiento -más de 30, que han comparecido con abogado y procurador- y de partes personadas: Fiscalía, Abogacía del Estado, una acusación popular y una acusación particular. La causa, pendiente todavía de varias actuaciones de investigación, consta en la actualidad de 21 tomos con un total de 7.417 folios y varias piezas separadas.

La operación ordenada por Sunyer en septiembre dejó a 20 personas investigadas formalmente, 14 de ellas detenidas; 41 registros y la intervención de 9,8 millones de papeletas del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

Este mismo jueves ha ordenado registrar la sede de Omnium Cultural y el domicilio y despacho en el departamento de Presidencia de la Generalitat de uno de los investigados por posibles pagos relacionados con el referéndum del 1 de octubre, el secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, Antoni Molons,*.

La investigación arrancó por dos denuncias, una de ellas de Vox, contra el exsenador de ERC y exmagistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona Santi Vidal por sus declaraciones sobre que el Govern poseía de forma ilegal datos fiscales de los catalanes y una partida secreta para crear estructuras de Estado.

En principio se investigaba en esta causa al propio Vidal; al director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver i Pi-Sunyer, y al secretario de Hacienda de la Generalitat, Josep Lluís Salvadó, y la investigación se ha ido ampliando a los principales organizadores del referéndum.