El CGPJ anuncia que amparará a todos los jueces que se lo pidan frente a críticas injustificadas

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este jueves una declaración institucional en la que señala que "amparará expresamente" a todos los miembros de la carrera que lo demanden "frente a actuaciones o críticas injustificadas" y que, en cualquier caso, "apoyará de manera expresa en el ejercicio de sus cometidos" a los jueces y magistrados.

El texto consensuado no cita expresamente a ningún juez, ni siquiera al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, cuyo amparo ha sido demandado en las últimas semanas por diversas asociaciones judiciales debido a las críticas que se han vertido contra él desde diferentes ámbitos tras la imputación de la Infanta Cristina en el "caso Nóos".

En el comunicado se recuerda que el ejercicio del poder jurisdiccional está, como todos los demás, sometido a la crítica pública, pero añade que "bajo el amparo de la libertad de expresión no pueden justificarse actuaciones que pretendan influir de manera burda, denigrar injustamente o poner en entredicho con argumentos groseros la imparcialidad o independencia" de los jueces y magistrados.

Concretamente, el Consejo recuerda que en un Estado democrático de derecho, los jueces y magistrados, como titulares del Poder Judicial, "asumen la decisiva e indispensable labor de proteger y garantizar los derechos y libertades en condiciones de independencia, imparcialidad y responsabilidad, constituyendo precisamente el ejercicio independiente, imparcial y responsable de la jurisdicción su fuente de legitimidad democrática".

JUECES Y JUEZAS

El texto utiliza la fórmula juez/za y magistrado/da después de que hace unos días tres magistradas del Supremo remitieran una carta al presidente de este órgano, Carlos Lesmes, quejándose de que en una misiva se había dirigido a los miembros del tribunal utilizando únicamente la fórmula en masculino.

El órgano de gobierno de los jueces considera que "la confianza pública de que los jueces y magistrados puedan efectivamente desarrollar sus cometidos conforme a las exigencias de la Constitución, es un objetivo merecedor de la máxima protección, y justifica los numerosos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional reclamando de todos los agentes públicos y de la ciudadanía en general, el necesario respeto a la actuación de los órganos judiciales".

Añade que, en una sociedad democrática, todo ejercicio del poder está sometido a la crítica pública, pero advierte que "bajo el amparo de la libertad de expresión no pueden justificarse actuaciones que pretendan influir de manera burda, denigrar injustamente o poner en entredicho con argumentos groseros, la imparcialidad o independencia de jueces/zas y magistrados/as".

Dichas actuaciones, a juicio de los consejeros, "no sólo desconocen el respeto debido a quienes sufran el acoso, sino que socavan uno de los fundamentos esenciales del orden constitucional", que son la legitimidad de los miembros del Poder Judicial y la confianza social en su actuación.

Por ello, el CGPJ "amparará expresamente a todo/a juez/a o magistrado/a que demande su protección frente a actuaciones o críticas injustificadas que pongan en entredicho su función mediante procedimientos manifiestamente irrespetuosos o injustos".

Además, anuncia que apoyará de manera expresa en el ejercicio de sus cometidos a todos los miembros del Poder Judicial, "quienes día a día, en condiciones casi siempre difíciles, contribuyen decisivamente a que los valores, derechos y libertades constitucionales constituyan una realidad efectiva".