El CGPJ debate mañana sobre la necesidad de compatibilizar sistemas informáticos entre comunidades

El texto considera que el Proyecto de Real Decreto constituye un paso importante en el proceso de implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia por cuanto sirve de instrumento normativo por el que se desarrolla el régimen de comunicaciones y notificaciones electrónicas.

Desde ese punto de vista, y en la medida en que respeta las líneas generales del régimen jurídico establecido en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, la propuesta de informe señala que el Proyecto de Real Decreto merece una valoración positiva en cuanto a su objeto y finalidad.

Más dudas suscita, según señala el informe, la oportunidad de proceder a su elaboración cuando gran parte de su contenido depende de la aprobación de normas legales y de la disposición de medios técnicos, en un ámbito en el que aparecen implicadas distintas Administraciones con sistemas propios, cuya coordinación corresponde al CGPJ y cuya compatibilidad es fundamental para la efectiva implantación de las comunicaciones telemáticas en la Administración de Justicia.

La propuesta de informe, no obstante, reconoce que si las normas legales fueran aprobadas en los términos proyectados, el Proyecto de Real Decreto supondría un ahorro de tiempo indudable, perspectiva desde la que ha de entenderse la urgencia en su elaboración y que lleva a valorar de forma positiva la diligente actuación del Gobierno en la materia.

RESTITUCIÓN DE BIENES CULTURALES

El Pleno del próximo jueves estudiará también la propuesta de informe al Anteproyecto de Ley sobre restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea, del que ha sido ponente la vocal Roser Bach.

El Anteproyecto transpone una directiva europea con el objetivo de superar la eficacia de la actual normativa, que es muy limitada, fundamentalmente a la hora de definir los bienes protegidos y de establecer el plazo para el ejercicio de la acción de restitución, potenciando al mismo tiempo los mecanismos de información y las competencias de las autoridades centrales.

La ponente considera que la transposición de la nueva Directiva, que persigue mejorar la eficacia del mecanismo protector del patrimonio cultural, debe, por tanto, ser valorada positivamente, aunque añade que la transposición "no se ha llevado a cabo de forma completa y de manera totalmente adecuada", ya que no se han incorporado determinados decretos que permitirían extender el ámbito de aplicación del régimen de protección que establece la norma europea.

En este sentido, el texto señala que el Anteproyecto no ha incorporado la facultad que otorga la Directiva de aplicar su régimen a las solicitudes de restitución de bienes culturales que hubiesen salido ilegalmente de un Estado miembro con anterioridad al 1 de enero de 1993, fecha hasta la que se mantuvo el control aduanero.

La propuesta de informe cree conveniente "ampliar la protección de los bienes culturales españoles ilícitamente exportados con anterioridad a dicha fecha que hubiesen eludido los controles aduaneros".