El CGPJ pide una prórroga para su informe sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, que espera tener listo en febrero

El proyecto entró en el órgano de gobierno de los jueces para su informe consultivo el pasado 27 de diciembre. El encargo aún no está listo aunque los vocales asignados esperan poder concluirlo en las próximas semanas, para que pueda ser estudiado por el resto de consejeros y aprobado en el Pleno que se celebrará en el mes de febrero.

Esta futura Ley supondrá la derogación de la denominada como 'Ley Corcuera' de 1992 y la Seguridad Ciudadana pasará de estar regulada con 39 artículos a contar con 55 y nuevas infracciones repartidas entre infracciones leves, graves y muy graves.

La normativa se crea en paralelo a la reforma del Código Penal en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas se encargará esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

El Anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros a finales del pasado mes de noviembre e introdujo algunas novedades respecto de medidas anunciadas con anterioridad, como las referidas a las conductas sancionadas como falta muy grave. Estas faltas quedarán sancionadas con multas de entre 30.001 y 600.000 euros.

"PERTURBACIONES" DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

En este ámbito el Anteproyecto incluye la perturbación "muy grave" de la seguridad ciudadana en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos, así como las convocatorias "con finalidad coactiva" celebradas durante la jornada de reflexión o el día electoral.

De la misma forma, la norma prevé que sean sancionadas con hasta 600.000 euros las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas siempre que supongan un riesgo para las personas o perjuicio para su funcionamiento.

Además, el texto contempla como sanción muy grave el manejo armas prohibidas o explosivos no catalogados, la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas prohibidas o la proyección de dispositivos luminosos como los clásicos punteros láser contra vehículos y otros medios de transporte como aviones.

También se interpondrá una sanción muy grave cuando una persona sume tres faltas graves en el periodo de dos años. Aunque los primeros borradores también incluían como falta muy grave las concentraciones en torno a las Cortes Generales cuando éstas no hubiesen sido debidamente comunicadas, el Ministerio del Interior ha decidido rebajar su consideración a grave siempre y cuando supongan perturbación de la seguridad ciudadana, independientemente de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas.

El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana considera sanción leve (con multa de entre 100 y 1.000 euros) la celebración de cualquier reunión o manifestación no comunicada, independientemente de dónde se realice, y sólo la eleva a la categoría de grave en determinados supuestos, como la realización de actos violentos.

IMPEDIR DESAHUCIOS, FALTA GRAVE

En este apartado, contempla como grave la participación en alteraciones de la seguridad ciudadana con el rostro cubierto o la obstrucción a las autoridades en el ejercicio de sus funciones. En este supuesto podría entrar el 'boicot' a un Pleno municipal o incluso los actos para impedir desahucios si no constituyen delito.

Además, se incluye la sanción por ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios frecuentados por menores o en aquellos lugares que puedan afectar a la seguridad vial, aunque la conducta no será sancionada si la persona es víctima de la trata de seres humanos.

En el apartado de las infracciones graves se mantienen aspectos relacionados con el consumo o la tenencia de drogas tóxicas o el abandono en la vía pública de utensilios necesarios para su consumo o fabricación. También tendrá esta consideración el consumo de alcohol en la vía pública sin estar autorizado, siempre que se perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana, establecer barricadas en la calle, maltratar animales en espectáculos no autorizados, el escalamiento a monumentos o edificios emblemáticos o la denominadas 'cundas'.

Uno de los aspectos más polémicos del texto inicial con el que trabajaba el Ministerio del Interior era el referido a las actuaciones dirigidas contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (CFSE). En el anteproyecto de este viernes, los insultos, vejaciones, amenazas o coacciones a los agentes quedan con la consideración de falta leve, igual que el uso y distribución de imágenes de los policías con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o puedan poner en riesgo una operación.