CPFF- Asturias y Canarias acusan a Gobierno de ser injusto con CCAA y carecer de criterio objetivo para repartir déficit

La consejera asturiana de Hacienda, la socialista Dolores Carcedo, ha insistido en la posición expresada ya antes del CPFF. "El reparto es restrictivo e injustificado, está lejos del peso de gasto público que soportan las comunidades y no obedece a ningún criterio objetivo", ha dicho tajante.

Carcedo también ha sido exigente con las negociaciones que comienzan la próxima semana para cerrar el déficit que realmente deberá cumplir cada comunidad. El Gobierno del Principado quiere un objetivo "común e igual" para todas las autonomías, porque otra posibilidad beneficia a unas comunidades "en detrimento de otras".

En términos parecidos se ha expresado el consejero canario de Economía y Hacienda, Javier González. "No parece justo que el 80 por ciento del ajuste del déficit del Estado en 2012 lo hayamos hecho las comunidades y en 2013 la propuesta sea la misma. Ante un reparto injusto, Canarias ha votado en contra", ha explicado tras el Consejo.

SE RESERVA LA MAYOR PARTE DEL DÉFICIT

Javier González ha asegurado que varias comunidades del PP se han mostrado también críticas con el reparto, a pesar de que han votado a favor de la propuesta de Hacienda. "En términos generales, las comunidades no están de acuerdo con un reparto que no tiene en cuenta los gastos que realizan, es lógico y notorio. Con los propios datos del Estado se observa que se reserva la mayor parte del déficit", ha añadido.

Por otro lado, la consejera asturiana se ha referido al informe de la reforma de las administraciones públicas elaborado por el Gobierno pero que involucra a todos los ejecutivos. Carcedo ha sido crítica con el hecho de que las autonomías no hayan participado en su elaboración, lo que "desvirtúa el acuerdo de la Conferencia de Presidentes", que acordó realizar este estudio.

En cualquier caso, se ha mostrado a favor de tomar medidas que mejoren la eficiencia del gasto, la prestación de los servicios y eviten duplicidades, siempre que se respete la capacidad de organización de cada comunidad autónoma.