En una nota de prensa, el sindicato aplaude el fallo judicial y se compromete a estar vigilante para garantizar su cumplimiento y evitar que ningún empleado público que prefiera usar el castellano sufra represalias por parte de la Administración.
"Los empleados públicos, en el ejercicio de su labor, deben dar el mejor servicio posible a los ciudadanos y, en consecuencia, deben dirigirse a ellos en el idioma que elijan", destaca el presidente CSI-F Barcelona, Joan Escanilla, que recuerda además que el derecho a elegir entre lenguas oficiales y a no sufrir discriminación lingüística está protegido por la Constitución.
