Canarias impugna el Real Decreto que aprueba el Plan Técnico Nacional de la TDT

De esta manera, el Ejecutivo regional mostró su oposición a un texto que bajo su criterio adolece de vicios formales y materiales que lo hacen "gravemente lesivo" para los ciudadanos residente en las islas, "además de tener incidencia negativa en materia de competencia compartida entre el estado y Canarias".

Así, entre los motivos de este impugnamiento está que el Gobierno canario entiende que el Real Decreto hace un "defectuoso" cumplimiento del trámite de audiencia del procedimiento de elaboración y considera que se produce una posible colisión de títulos competenciales propios del Estado y de la Comunidad Autónoma en materia de comunicación audiovisual.

Además, apuntó que el Real Decreto "ignora" el mandato recogido en la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, que insta a tener en consideración, en el proceso de cobertura, las especiales circunstancias que concurren en Canarias como región utlraperiférica, "de modo que las coberturas alcanzadas por el servicio público de la televisión digital terrestre sean equivalentes a las de las restantes comunidades autónomas".

"El Gobierno de Canarias considera no solo que este mandato de cobertura mínima no es observado, sino que, por la vía de los hechos, endosa tal responsabilidad a las administraciones públicas en general, lo que en la práctica solo se puede entender como las administraciones locales y autonómica", agregó la Administración autonómica.

Asimismo, ha visto "impugnable" la omisión de la delimitación de las obligaciones de cobertura en ámbitos inferiores al de la licencia que contiene el Real Decreto. "Una situación --agregó-- que hace materialmente imposible para las administraciones que no otorgan las licencias pero que se ven compelidas a ello, conocer cuáles son los límites territoriales exigibles a los prestadores del servicio en virtud de sus licencias.

También opinó que el documento hace "inobservancia" de la situación creada por la Decisión de la Comisión Europea en junio de 2013, que determinó que "el Reino de España había otorgado ayudas ilegales, por contravenir el principio de neutralidad tecnológica, habiendo privilegiado a la televisión digital terrestre sobre el satélite u otras alternativas al extender la cobertura mediante programas públicos".

Finalmente, el Gobierno de Canarias explicó que ha tratado sin éxito obtener una respuesta del Ministerio con respecto a las cuestiones planteadas, por lo que ha tomado la decisión de interponer un recurso judicial contencioso-administrativo, con el fin de declarar la invalidez del Real Decreto 805/2014, así como la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado si fuera conveniente.