Dos años de cárcel para el hermano del alcalde de Cantoria (Almería) por construir 13 viviendas ilegales

El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería ha condenado a 24 meses de prisión al promotor José María L.G., hermano del alcalde de Cantoria (Almería), Pedro Llamas (PP), por construir un total de 13 viviendas unifamiliares sobre suelo no urbanizable y sin licencia municipal y le ha impuesto, asimismo, el pago de una multa de 18 meses a razón de seis euros al día por la comisión del delito contra la ordenación del territorio.

El acusado, gerente de la mercantil A.C.R. Contratas S.L, enfrentaba una petición fiscal de dos años y medio de prisión que el juez rebaja al considerar en contra de lo que sostenía el Ministerio Público que no ha quedado acreditado que cinco de los inmuebles ilegales estén sobre terreno de especial protección ni tampoco que ocupen una zona bajo deslinde por ser un cauce público.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge, sin embargo, que sí está probado que las edificaciones denunciadas por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se levantaron sobre suelo no urbanizable en el paraje conocido como 'La Hojilla', un extremo que no negó en juicio José María L.G. Añade, al hilo de esto, que no contaban con licencia alguna que las "amparase" por parte del Ayuntamiento.

El juez rechaza, asimismo, que tal y como aseguró el acusado, quien responsabilizó de la obra a un hermano suyo, este no fuese el promotor de las viviendas y subraya que durante la instrucción del procedimiento siempre lo reconoció. "Ahora --ahonda-- no puede de manera sorpresiva querer mantener lo contrario, porque evidentemente este tribunal no le cree".

El fiscal pidió, además de la pena de prisión para José María L.G. como autor de delito contra la ordenación del territorio, que se ordenase la demolición de las viviendas, siete de las cuales estaban concluidas cuando actuó el Seprona. El fallo rechaza el derribo y argumenta que, en este caso concreto, los inmuebles están situadas donde existen múltiples viviendas, por lo que --subraya-- de accederse a dicha demolición "ni se restablecería el territorio, ni se restablecería la legalidad urbanística".

Señala en esta línea que el restablecimiento de la legalidad urbanística "compete" a la Administración encargada de velar por el cumplimiento de su normas y alude al decreto que ha anunciado la Junta de Andalucía por el que se van a regular casi 12.000 edificaciones en situación irregular detectadas en la provincia almeriense. "Sí vamos a ordenar el derribo de unas viviendas y dentro de unos meses se van a poder construir allí otras, estaríamos ante un sin sentido que la Administración de Justicia no puede permitir", asegura.

Por último, resalta que los titulares de los contratos de compraventa que realizó el acusado son "compradores de buena fe, terceros a los que habría que indemnizar", una posibilidad que el juez ve "difícil por no decir imposible" dado el estado de insolvencia de José María L.G. "Sería pues una incongruencia --concluye-- ordenar un derribo, hacerlo, y luego no poder indemnizar al tercero de buena fe que en escritura pública adquirió la casa y al que periódicamente el Ayuntamiento de la localidad le cobra impuestos y tasas".