El juez imputa a Carlos Morales por tráfico de influencias en el "caso Unión"

El magistrado del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, ha adoptado esta decisión contra Morales tras tomarle declaración esta mañana en el juzgado durante cinco horas, en concreto, desde las 9:30 a las 14:30 horas (local).

El juez, que mantiene las actuaciones bajo secreto de sumario, no ha adoptado ninguna medida cautelar contra el arquitecto Carlos Morales, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En la "operación Unión", desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, veintiuna personas han sido detenidas por su presunta implicación en una trama de corrupción municipal y urbanística que afecta a varias instituciones de la isla de Lanzarote, desde el Cabildo insular a los ayuntamientos de Arrecife, Yaiza y Tinajo, así como a la Cámara de Comercio.

Siete de los detenidos siguen en prisión por decisión judicial y otros catorce en libertad con cargos, mientras que la Guardia Civil ha interrogado, en calidad de imputados, a al menos otras seis personas supuestamente relacionadas con la trama.

Entre los implicados figuran políticos y cargos públicos de diversos partidos (PSOE, CC, PIL y PNL), funcionarios y empresarios.

El pasado día 3 de junio, Carlos Morales prestó declaración ante la Guardia Civil como imputado por delitos urbanísticos ante los agentes de la Guardia Civil que investigan la trama de corrupción municipal y urbanística destapada en Lanzarote.

Fuentes de la investigación informaron ya entonces a Efe de que a Carlos Morales se le imputaba por tráfico de influencias y delito contra la ordenación del territorio en el marco de la "operación Unión".

Estos delitos estarían relacionados con su actividad como representante de la empresa "Promociones Conjunto La Vereda S.L." y como administrador único de "Ikos Island", según las fuentes.

El despacho de arquitectura de Morales, situado en Puerto Calero, fue registrado por la Guardia Civil el pasado día 25 de mayo, durante la primera fase de la operación contra esta red que se dedicaba al cobro ilegal de comisiones a empresarios a cambio de gestiones administrativas.

El interrogatorio a Carlos Morales en la Guardia Civil se centró en torno a su participación en el Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife de Lanzarote y, en concreto, en su posible participación en construcciones en suelos no urbanizable, dijeron entonces a Efe fuentes de la investigación.

La declaración del arquitecto tuvo lugar en el cuartel de la Guardia Civil en Costa Teguise, donde durante varias semanas fue instalado el centro de operaciones del grupo de la Unidad Central Operativa que lleva a cabo la investigación.

La "operación Unión" saltó a la luz pública el día 25 de mayo, tras el registro del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote y la detención de varios concejales y funcionarios, después de que la Guardia Civil interceptara un pago de 100.000 euros de una de las supuestas comisiones pagadas por esta trama.

Entre los encarcelados por esta red figura el líder del PIL, Dimas Martín, presunto cerebro de esta trama dedicada al cobro de comisiones ilegales, quien se encuentra en prisión cumpliendo ocho años de cárcel por otros delitos y ahora ha sido imputado, y decretada de nuevo su prisión, por delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Varias políticos del PIL están en prisión o imputados en esta operación, entre ellos el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, Ubaldo Becerra, y el ex concejal de Urbanismo y Hacienda, José Miguel Rodríguez.

Ambos fueron cesados por el alcalde socialista tras sus detenciones. Días después, el primer edil,Enrique Pérez Parrilla, del PSOE, declaró ante la Guardia Civil como imputado.

También hay varios socialistas entre los detenidos, entre ellos el ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote Segundo Rodríguez, un histórico del PSC-PSOE.