El juicio del 'Caso Unión' intenta esclarecer el 'papel' del econsejero Batllori en ayuntamiento de Arrecife

Así se desprende de la sesión celebrada este martes en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas donde se ha desarrollado la sexta sesión de este juicio, ya que las primeras cinco tuvieron lugar en Arrecife.

En el banquillo de los acusados, en este primer juicio, se encuentra junto a Batllori, el fundador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL) Dimas Martín, la exconcejal de Personal del Ayuntamiento de Arrecife Luisa Blanco, la exconsejera delegada de Inalsa Plácida Guerra, el exgerente de Inalsa Rafael Elorrieta, y el exconcejal de Arrecife José Miguel Rodríguez.

Así, para intentar aclarar la vinculación de Batllori con el Consistorio de Arrecife, hoy han declarado en calidad de testigo de la defensa el expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas Javier Sánchez Simón, así como el consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Domingo Berriel, y el exdirector general de Calidad Ambiental del Gobierno de Canaria, Emilio Jesús Atienza Armas.

En este sentido, todos han ratificado que en las reuniones que mantuvieron entre finales de 2008 y 2009 con Batllori, éste último lo hacía en calidad de asesor del Ayuntamiento de Arrecife, si bien han manifestado que no lo corroboraron, ya que era una persona que conocían, y de la que no consideraban tener que desconfiar.

Si bien Sánchez Simón puntualizó que los encuentros que mantuvo con el exconsejero regional fueron de carácter informal porque las reuniones formales en la Autoridad Portuaria son en las que se "levanta acta", es decir, los consejos de administración y a estos asistía como representación del Consistorio de Arrecife el alcalde o un teniente de Alcalde.

Añadió que los encuentros, de carácter informal, que mantuvo con Batllori se centraban en la construcción de un edifico en el territorio portuario, que finalmente fue aprobado por unanimidad, si bien en un principio había reticencias por parte de la Cámara de Comercio de Lanzarote. En este sentido, matizó que no le "preocupaba demasiado" la relación que mantenían Batllori y el entonces alcalde de Arrecife, al tiempo que agregó que las reuniones que mantenía con Batllori, entre otros, eran "útiles" en cuanto al conocimiento del proyecto.

"UNA CUESTIÓN POLÍTICA"

Otra de las personas con las que Batllori también mantuvo reuniones fue con el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, en este caso para tratar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Arrecife y una problemática con un vertedero "incontrolado" de residuos, según apuntó Berriel.

Berriel que ha calificado este encuentro de "normal" para hablar de la hoja de ruta respecto a los dos temas planteados, al tratarse, dijo, "más bien de una cuestión política" aunque posteriormente matizó que se trataba de un "tema de oportunidad", ya que afirmó que Batllori "pidió hora, se le dio, se trató el tema".

Por su parte, el fiscal Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Javier Ródenas, en su observación sobre este tipo de encuentros, en los que no se comprueba en calidad de qué viene la persona con la que se va a reunir, lo comparó con el "pequeño Nicolás", a lo que Berriel insistió en que las cuestiones a tratar "no les puede importar a nadie" que no sea el Ayuntamiento de Arrecife.

En esta reunión de Berriel también estuvo presente Emilio Jesús Atienza Armas como director general de Calidad Ambiental que, en su declaración, ha señalado que aunque la gestión de residuos es competencia insular, en ocasiones los ayuntamientos "se preocupan" por cómo se va a solucionar el problema, justificando la presencia de Batllori en esta reunión donde uno de los temas que se trataba eran los problemas de residuos.

BATLLORI Y DIMAS MARTÍN FACTURABAN AL AYUNTAMIENTO

En cuanto a la investigación desarrollado por los agentes de la Guardia Civil, uno de los agentes participantes apuntó que en base a la documentación que el propio Batllori entregó a la Guardia Civil, ésta "no le relacionaba directamente con su condición de colaboración" con el Ayuntamiento de Arrecife pero, afirmó, que en base a esa documentación e investigación realizada se concluyó que Batllori "estaría prestando servicio de carácter particular, temporal" a Dimas Martín.

En concreto, añadió, que estarían facturando estos servicios de carácter "personal al Ayuntamiento de Arrecife". En relación a las escuchas telefónicas que se le realizó a Dimas Martín cuando se encontraba en la cárcel por otros temas, cumpliendo el tercer grado, el agente manifestó que "en ningún momento" hablan de cuestiones relacionadas con el Consistorio.

Por último, en el juicio también han declarado en calidad de testigos el entonces abogado especialista en derecho concursal Juan José Cobo Plana quien, al igual que el arquitecto José Bernárdez Montero, han reconocido que mantuvieron encuentros con Batllori en los que estuvo acompañado de Dimas Martín para tratar temas como la entrada de Inalsa en concurso de acreedores o el PGOU, teniendo en cuenta, algo en lo que el fiscal ha hecho hincapié, que en ese momento --2009-- el fundador del PIL estaba en la cárcel, si bien su partido gobernaba en el Cabildo con el PSOE.

Finalmente, la exdirectora general de la ESSCAN o el secretario general de Femepa, María Inmaculada Acosta y Juan Carlos Betancort, respectivamente, han afirmado que Batllori se reunió con ellos para encargarles cursos de formación de carácter social y de multiformación para los empleados de Inalsa, si bien en el caso de la Esscan no salieron adelante, si en el de Femepa que realizó cuatro cursos.