El juez Castro deja al borde del banquillo a la hermana del Rey

A lo largo de los 167 folios que ocupa este auto, por el que las diligencias previas se transforman en procedimiento abreviado, Castro asegura que la Infanta Cristina habría incurrido en dos delitos fiscales y otro de blanqueo de capitales, delitos que están castigados con penas que oscilan entre los dos años y medio de cárcel y los 16.

El juez, además, emplea un lenguaje contundente para valorar la conducta de Cristina de Borbón. Textualmente asegura que "hay sobrados indicios de que Doña Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su cincenta por ciento del capital social (…) de Aizoon".

Con cierta sorna, el magistrado recuerda que el exceso de confianza en tu pareja no está contemplado como eximente para eludir la acción de la Justicia: "Si la explicación a esta actitud residía en la confianza, veneración o amor que profesaba a su marido así como la repercusión que a efectos penales pudiera, en su caso, de ello derivarse, es cuestión sobre la que este hasta ahora Instructor no debe pronunciarse quedando reservado su tratamiento al acto del juicio oral y encomendada su valoración al parecer más autorizado de un eventual Tribunal Sentenciador".

Castro insiste en que la participación de la Infanta en, al menos beneficiarse de los negocios turbios de su marido, fue un hecho. Así se refiere a ese posible delito de blanqueo de capitales: "…todo indica que Doña Cristina de Borbón y Grecia debió participar activamente, como no puede ser de otro modo, en la organización y presupuestos de esos eventos de incontestable afección personal, si ella no los abonó de su propio peculio y debiera saber que tampoco lo hizo su marido, no pudo pasársele por alto que lo fueron por la entidad mercantil participada por ambos".

El juez, abiertamente, demuestra que no creyó una sola palabra de la Infanta cuando prestó declaración el pasado 8 de marzo en los Juzgados de Palma. Mucho menos cuando llegó a afirmar en repetidas ocasiones que ignoraba la actividad de la sociedad Aizoon: "la propia Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia intervino de manera también directa en la contratación del personal del servicio doméstico al que anunció que si superaban el período de prueba les serían pagados sus salarios en "negro", para luego ser contratados por la entidad Aizoon S.L."

Castro vuelve a recurrir a la ironía para desmentir esa supuesta ignorancia de la Infanta en los negocios de su marido: "es dificil compatibilizar este compartido trasiego domiciliario con lo que Doña Cristina de Borbón y Grecia podría suponer que era una sencilla y entrañable entidad familiar cuando precisamente se dice que su intervención en el Instituto encontraba su razón de ser en el carácter no lucrativo de éste".

Junto a la Infanta, el magistrado propone que otras 15 personas se sienten en el banquillo, una decisión que corresponderán resolver a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, encargada de resolver los recursos que tanto las defensas como la Fiscalía Anticorrupción ya preparan para presentar de forma inmediata.