Castro interroga este martes al exconcejal de Urbanismo de Palma sobre la presunta financiación ilegal del PP

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, interrogará este martes, a partir de las 10.30 horas, al exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, quien está citado a declarar en calidad de testigo en el marco de la última pieza abierta en el caso Palma Arena, centrada en la financiación presuntamente ilegal del PP balear así como en las irregularidades que rodearon a la compra y reforma de su sede.

El juez le emplazó a comparecer tras incoar la pieza número 28, con la que daba respuesta a la documentación presentada por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach sobre la reforma del inmueble, entre la que se hallaban numerosas facturas así como la confesión efectuada el año pasado por el exregidor, condenado por otras dos causas de corrupción, ante el Ministerio Público.

Y es que, según las pesquisas, los pagos relativos a la sede habrían ido a cargo de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007).

De hecho, en el auto con el que abrió este último fleco, Castro señala cómo examinados los documentos entregados por Horrach, "se aprecia que aquéllos, con independencia del resultado al que pudieran abocar, contienen imputaciones respecto de una posible financiación ilegal del PP" y que estos hechos "podrían relacionarse con contrataciones públicas de las que pudieran haber sido destinatarios sus benefactores".

Circunstancias que, añade, de ser ciertas "constituirían delito" que guardaría analogía con los que son ya objeto de investigación en la causa, en cuyo seno el magistrado indaga desde hace más de cinco años si varias empresas financiaron de forma irregular las campañas electorales del PP de 2003 y 2007, mercantiles que a su vez resultaron favorecidas con contratos públicos.

En la declaración que efectuó ante el fiscal, De Santos manifestó que "en más de una ocasión" el empresario que presuntamente pagó la adquisición de la sede del PP balear le comentó que "por su costumbre de trabajar en el País Vasco, trabajaba financiando tanto al PP como al PSOE".

En una contundente comparecencia, efectuada en julio de 2014, el exedil explicó que el empresario en cuestión, Antonio Pinal, propietario de Bruesa, le comentó que ayudó en la compra del inmueble de los 'populares' a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles de Son Busquets.

La declaración tuvo lugar, en concreto, en el marco de las diligencias que la Fiscalía tiene abiertas en torno a la concesión presuntamente irregular de la construcción y explotación de Son Espases, sobre la cual recordó cómo Matas le pidió una "cantidad importante" de dinero al empresario y presidente de ACS, Florentino Pérez, a cambio de serle adjudicado este expediente.

Rodrigo de Santos señaló que sabía por terceros que el exministro había reclamado esta dádiva por la concesión, aprobada en 2006, y que el concurso estaba manipulado. El propio Florentino Pérez aseguró en la comisión de investigación de Son Espases impulsada por el Parlament no conocer nada de este tema ni haber hablado con Matas "ni de obras, ni adjudicaciones".

De Santos recordó que fue el delegado del área de Construcción de Dragados en Baleares, Juan Antonio Esteban, quien le dijo que Matas había pedido tal cantidad de dinero a Pérez que el propio Esteban "estaba asustado". No obstante, el exconcejal se mostró "convencido" de que el delegado "no intervino en esa operación ni se llevó dinero de la misma".

De hecho, fue la UTE formada por Dragados -perteneciente a ACS-, FCC, Melchor Mascaró S.L. y Llabrés Feliu S.A. la que se hizo con el contrato de las obras y explotación del complejo hospitalario, una de las mayores infraestructuras impulsadas durante el último mandato de Matas PP. Un proceso que inicialmente se había decantado a favor de la competidora OHL, cuyo presidente es el exministro Juan Miguel Villar Mir.

DECLARACIÓN DE LUIS BÁRCENAS

El juez Castro tiene asimismo en sus manos las manifestaciones efectuadas por el extesorero del PP nacional Luis Bárcenas durante la comisión de Son Espases, en la que, a través de videoconferencia, afirmó que un empresario gallego, en alusión a Pinal colaboró en la adquisición y financiación de la sede del partido junto a otros empresarios.

Otros de los interrogatorios practicados al respecto fue el del constructor Juan Serra, quien reconoció haber recibido dinero negro en la sede del PP, de cuya reforma se encargó -hasta 70.000 euros en metálico y sin factura a través del extesorero Fernando Areal-, así como al administrador de la empresa Over Marketing, Daniel Mercado, quien declaró a su vez haber pactado con Matas poder cobrar parte de los gastos de las campañas electorales en dinero opaco al fisco.

Mercado manifestó incluso que existía el acuerdo con el exministro de que parte de los gastos que se debían cobrar en negro y finalmente no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.

FACTURAS FALSAS EN LA CAMPAÑA ELECTORAL DE 2007

Del mismo modo, otra de las investigaciones del caso Palma Arena se centra en el presunto delito electoral que se habría producido con motivo de los servicios prestados por la empresa Nimbus -a la que también se habrían adjudicado sin concurso público diversos contratos- en favor del PP durante la campaña electoral de 2007. Las pesquisas apuntan a que la agencia emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, cobrando a cambio a 'precio coste' la organización de la campaña de los 'populares'.

Sobre ello, en los registros que se practicaron en la sede de Nimbus fueron intervenidos numerosos documentos que, en relación a la campaña del PP, hacían mención a que no se facturasen determinados conceptos, que en el caso de otros se hiciera a coste cero y otros en negro.

El propio administrador de Nimbus, Miquel Romero, reconoció que se habían cobrado del PP, en efectivo y sin libramiento de facturas, determinadas partidas por cuñas publicitarias de la campaña al objeto de no superar los límites que las subvenciones imponen a los gastos electorales, de tal manera que tales gastos habían sido ocultados a la Sindicatura de Comptes, llegándose a cifrar en 71.958 euros.