Castro abre la vía para sentar en el banquillo a un exalto cargo de Matas y medallista olímpico por fraude

El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha abierto la vía para juzgar una nueva pieza de la causa en la que mantiene imputados a José Luis 'Pepote' Ballester, quien fuese director general de Deportes del Govern en la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007) y medallista olímpico de vela en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, al arquitecto Jaime Navarro y al constructor Antonio Matas, por un presunto delito continuado de fraude a la Administración.

Así lo ha acordado el magistrado mediante el auto de pase a procedimiento abreviado que ha dictado este viernes en el marco de la pieza 7 del caso, centrada en la adjudicación presuntamente irregular, sin concurso, de las obras del Polideportivo Príncipes de España, en Palma, que fueron presupuestadas en 80.185 euros si bien finalmente constaron unos 270.000 euros.

La contratación recayó 'a dedo', en el año 2006, en la empresa Obres i Reformes Illes Balears, de la que Matas y Navarro eran administradores, y que ese mismo año se estaba encargando de la construcción del chalet que Ballester posee en Sa Ràpita.

El juez ha puesto fin así a la instrucción de este fleco y da paso asimismo a la Fiscalía Anticorrupción para que formule su escrito de acusación o, por el contrario, solicite el archivo de las pesquisas.

Castro recuerda en su resolución que la mercantil ya había resultado beneficiada con cuatro adjudicaciones directas para el mismo polideportivo, por importes de 25.763, 25.679. 25.152 y 3.334 euros sin IVA.

Según las pesquisas, como la constructora estaba llevando a cabo la ejecución de la vivienda de Ballester, éste aprovechó tal oportunidad para ofrecer a sus administradores la adjudicación directa y sin expediente de licitación alguno -pese a que su importe así lo requería- de la construcción de un almacén en el Príncipes de España.

De acuerdo a un anterior auto de Castro, el almacén, que luego se transformó en vestuarios, contaba con un visado inicial de 80.185 euros, si bien el presupuesto acabó elevándose hasta los 270.000 euros aproximadamente.

Y todo ello "no sólo ya sin el menor rigor administrativo sino con la expresa indicación" por parte de Ballester de que primero se llevara a cabo el trabajo y luego la empresa presentara tres presupuestos, el suyo y dos ficticios, para dar apariencia de legalidad al negociado, según el magistrado.

Tras ello, según relataba Castro, el exdirector general pidió que fraccionara su presupuesto en tres por menos de 30.000 euros cada uno, de modo que el contrato pudiera ser adjudicado de forma directa y "sin un real sometimiento a los resultados de un concurso público".

Cabe recordar que Ballester fue uno de los primeros cinco detenidos del caso Palma Arena, cuya operación policial estalló en agosto de 2009. Junto a él también fue arrestado el entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafa Durán.

BALLESTER, COLABORADOR EN LAS INVESTIGACIONES

El exregatista también se encuentra imputado en otras piezas del caso Palma Arena y es además uno de los 18 acusados que se sentarán en el banquillo por el caso Nóos, bajo una petición de cárcel de dos años por parte de la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, se trata de uno de los imputados que ha colaborado de forma activa en las investigaciones.

En el marco del caso Nóos, señaló que Matas pactó con Iñaki Urdangarin las negociaciones en torno a los foros de turismo y deporte por los que el Instituto Nóos percibió 2,3 millones de euros públicos del Govern.

Es más, en una de las declaraciones que prestó Ballester afirmó que Matas le dijo: "Déjalo estar y paga", cuando el Duque comenzó a reclamar las cantidades que consideraba que se le adeudaban por el segundo Illes Balears Forum, a pesar de que Urdangarin ya no estaba al frente de la entidad cuando exigió a Ballester el pago del dinero. Fue a partir de entonces, en 2007, cuando el medallista olímpico y el marido de la Infanta Cristina rompieron la relación de amistad que mantenían desde el año 1985.

En concreto, el caso Palma Arena se encuentra dividido en un total de 28 piezas separadas, en las que se investiga el sobrecoste del velódromo palmesano en más de cincuenta millones de euros, la relación que éste tendría con el enriquecimiento supuestamente ilícito de Matas cuando éste era máximo mandatario autonómico y la financiación presuntamente ilegal del PP balear, entre otros numerosos hechos.