Catalá rechaza aplicar una moratoria en LexNET: "Es un camino sin retorno y el resultado será muy satisfactorio"

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha rechazado aplicar una moratoria en el sistema de telecomunicaciones LexNET que está en vigor desde el pasado 1 de enero. "Es un camino sin retorno y el resultado será muy satisfactorio", ha comentado, rechazando suspender el servicio como le piden desde partidos políticos y desde algunos juzgados o asociaciones de jueces.

En una comparecencia en el Ministerio de Justicia, Catalá ha subrayado que LexNET funciona "perfectamente" en La Rioja, Cuenca, Cáceres o Cantabria. "Nuestra obligación es seguir empujando poniendo soluciones", ha añadido tras reunirse con representantes de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales.

Catalá ha recordado que el proceso de digitalización hacia el 'papel cero' lleva implantándose doce años y ha reconocido que existen problemas. Además, ha aludido a la "resistencia al cambio" que existe en algunos actores de la Administración de Justicia, "especialmente fuerte" por tratarse de un "sector conservador en los modos de funcionamiento". También ha recordado que las competencias en materia de modernización están transferidas en muchas comunidades autónomas.

El ministro ha dicho que asume las "críticas" que recibe desde juzgados de la planta de Madrid o Canarias, así como en informes de seguimiento de LexNET como el elaborado por la Fiscalía General del Estado. "Somos realista, no es un problema de solución fácil y estamos alejados de una administración eficiente del siglo XXI", ha comentado.

COMPARECENCIA EN EL CONGRESO

Catalá ha rechazado que, al estar en funciones, sea posible que atienda a la petición del Grupo Parlamentario Socialista para que comparezca en el Congreso para dar cuenta de los problemas con LexNET, entre otros asuntos. "Iría encantado y no lo haría nada incómodo", ha asegurado, pero se ha disculpado alegando que el Ejecutivo "no tiene la confianza de las cámaras" y que, por tanto, no puede aún dar cuenta de una problemática de la que habla "cada día".

El reconocimiento de los días de descanso no disfrutados por aplicación de la legislación europea ha sido otro de los temas tratados por Catalá con representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI). A la cita también han asistido las tres de fiscales, la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional de Fiscales (APF).

El ministro en funciones ha atendido a sus reclamaciones en un clima de "normalidad" y les ha expuesto que el Gobierno no descarta seguir recurriendo al Tribunal Supremo al entender que existe una situación "confusa" y "paradójica" en lo referente al reconocimiento de este derecho que Justicia entiende como "legítimo". El alto tribunal tumbó el pasado 12 de febrero el recurso del abogado del Estado contra el reconocimiento de pagos a los jueces por los días de descanso no disfrutados tras las guardias.

Catalá ha insistido en su objetivo de aportar a este respecto una "solución general" con "seguridad jurídica", teniendo en cuenta que la normativa no se refiere a las guardias de 24 horas y que, por tanto, "hay que acotar muy bien a qué profesionales afecta".

Las horas de descanso no reconocidas es un conflicto que ha acarreado numeras demandas de diferentes jueces, incluyendo la ganada en enero de 2015 por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, a quien se le reconoció el derecho a 7.200 euros al no haberse respetado las horas de descanso posteriores a las semanas en las que hizo guardia. La normativa europea obliga a garantizar un periodo de 24 horas de descanso. La Abogacía del Estado calculó en más de seis millones el dinero que se le adeudaría a los jueces.