Cayo Lara dice que en los ajustes de Andalucía se nota la diferencia que marca la presencia de IU

En una rueda de prensa en Madrid, el responsable de la formación de izquierdas ha admitido este viernes que el plan andaluz tiene "un coste", pero ha advertido de que en el mismo "se nota perfectamente" la "diferencia que marca" la presencia de IU en el Gobierno de la Junta de Andalucía.

"La influencia de la izquierda en el Gobierno andaluz corrige positivamente los efectos desastrosos de la política y ajustes duros del Gobierno y de otras comunidades autónomas", ha subrayado Lara, que ha comparado el plan andaluz con los ajustes realizados, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. "No se sostiene la política que ha hecho Esperanza Aguirre con la que se está haciendo en Andalucía, algo se esta haciendo de forma diferente", ha añadido.

Así, ha subrayado que "la influencia de IU en el Gobierno ha empezado a servir para algunas cosas" y a renglón seguido ha ensalzado que el plan andaluz contemple aspectos como que "no se va a despedir a nadie, no se van a aumentar las ratios en los colegios o que no se toca a los mileuristas".

En cualquier caso, el responsable de IU ha puesto de manifiesto que el plan de ajuste responde a la "obligatoriedad" planteada por Montoro para el recorte del déficit autonómico hasta el 1,5 por ciento, una obligación que, además, se produce de forma "paradójica" al dejar con menos "margen de maniobra" a las administraciones regionales, que son las que asumen más gastos.

Así, ha recordado que mientras que el Estado tiene un 22 por ciento de gasto público --excluido el de la Seguridad Social--, las comunidades, un 37 por ciento y los ayuntamientos, el 12,9 por ciento, se obliga a que las autonomías tengan un déficit tope del 1,5 por ciento mientras que el del Estado se queda en un 3,5 por ciento.

"Es desproporcionado e injusto, el Gobierno tenía que haber hecho el planteamiento al revés, más déficit para el Estado que para las comunidades autónomas", ha subrayado Lara, quien ha criticado así el "tijeretazo impuesto por Montoro a las comunidades autónomas", lo que se agrava más aún si se tiene en cuenta que éstas "no tienen competencia para poder abordar una política impositiva de impuestos ni para luchar contra el fraude fiscal".