Censores de Cuentas y Economistas denuncian que la directiva de la UE sobre auditorías perjudica a las pymes españolas

La Agrupación Territorial Primera del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y el Colegio de Economistas de Madrid han advertido este lunes de que la limitación de requerimientos de auditoría a pymes, como propone la Directiva europea (2011/0308) en fase de tramitación parlamentaria, es "negativa" y no favorece la "competitividad".

"La limitación de los requerimientos de auditoría no es sólo negativa sino, como mínimo, inoportuna en una situación recesiva provocada por la inaccesibilidad al crédito por parte de las pymes", reza el documento presentado esta mañana en Madrid y firmado por el presidente de la Agrupación Territorial Primera del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Antonio Fornieles, por el del Colegio de Economistas de Madrid, Juan Iranzo, y por el del Colegio de Titulares Mercantiles de Madrid, Lorenzo Lara.

En la presentación del documento 'Posicionamiento sobre la propuesta de Directiva sobre estados financieros anuales, estados financieros consolidados y otros tipos de informes de ciertos tipos de empresas ((2011/0308), Fornieles se ha mostrado "preocupado", mientras que Iranzo ha opinado que "esta medida no va en la dirección correcta".

Aunque ambos se han mostrado de acuerdo con los objetivos generales que pretende alcanzar la Directiva, han criticado algunas medidas específicas, entre ellas la ampliación significativa de los límites para definir una pequeña empresa. Así, Fornieles ha indicado que esta norma "no debería ser igual para todos los países" europeos y ha apostado por aplicar el "principio de proporcionalidad". "Cada Estado miembro debería determinar qué es una pyme", ha aseverado.

Asimismo, se han posicionado en contra de la exención a publicar determinada información financiera para una pequeña empresa y a someter dicha información a auditoría al considerarlo "erróneo" y "contraproducente". "La auditoría genera valor añadido al Estado y a la empresa. Eliminarla, puede generar dificultades", ha enfatizado Iranzo.

La razón que Fornieles ha esgrimido es que "el coste de una auditoría es nimio" en comparación con "el volumen de negocio que genera". Además, ha apuntado que, desde la perspectiva financiera, si no se realizan dichas auditorías, la empresa queda en desventaja respecto de las que sí las hacen ya que las entidades bancarias priorizan la concesión del crédito hacia aquellas en las que la información es pública y está auditada.

"CONSECUENCIAS MUY DAÑINAS"

Por otra parte, el documento presentado ha vaticinado que "el apagón financiero-contable puede tener consecuencias muy dañinas para la confianza de estas empresas y representa una vuelta atrás en su desarrollo", al tiempo que ha señalado que su implantación en España "expulsaría del mercado a cientos de profesionales individuales y a decenas de firmas pequeñas" del sector de la auditoría.

En este sentido, Fornieles ha explicado que, según un estudio estimativo de la Universidad del País Vasco, la aplicación de estas medidas podría suponer una "reducción potencial del 20 por ciento de las compañías que dejarían de estar sujetas a la obligación de auditarse" y por ende "en torno a 1.000 profesionales" del sector se verían en "dificultades".

Finalmente, ha aclarado que ya se ha hecho llegar a Bruselas el documento para que sea estudiado por los europarlamentarios y ha afirmado que existe un "diálogo abierto". "Confiamos en que tenga acogida", ha concluido.