Ceuta negará ayudas al alquiler a quienes hayan abandonado o renunciado a un empleo

El documento, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, establece en 700 euros mensuales la renta máxima a subvencionar por la Administración local y en 300 la cuantía máxima a conceder por unidad familiar. Además, las prestaciones no podrán extenderse más allá de 60 mensualidades y una vez extinguida habrá que esperar 18 meses para volver a solicitarla.

Tampoco podrán recibir ayudas aquellas unidades familiares que, una vez descontado el importe de su alquiler de sus ingresos mensuales, tengan disponible "el 65%" de los mismos. Los solicitantes susceptibles de recibir ayudas deberán ser residentes legales en España mayores de edad con una antigüedad mínima como empadronados en la ciudad autónoma de dos años que, además, acrediten tener "una fuente regular de ingresos".

La cuantía de la prestación se determinará en cada caso atendiendo a "los ingresos ponderados de la unidad familiar" atendiendo a su número de miembros y a las características de cada uno de ellos (discapacitados, víctimas de violencia de género, mayores...), aunque "en ningún caso se subvencionarán los gastos concernientes a la fianza, primer recibo o derivados de una agencia inmobiliaria salvo resolución expresa de la Comisión de Valoración".

Dicho órgano estará formado por la consejera del área de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, y cuatro funcionarios nombrados por ésta. Además de determinar la cuantía de las prestaciones a conceder, se encargará de "estudiar los casos de excepcionalidad cuando los solicitantes no reúnan alguno de los requisitos exigidos para acceder" a la misma.

El Ejecutivo ceutí paga cada mes, en todo o en parte, el alojamiento en viviendas de alquiler o en pensiones de aproximadamente 350 familias con un coste total al año superior al millón de euros. El último Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero construyó en la periferia con cargo al segundo 'Plan E' un inmueble que originalmente se iba a dedicar a albergar a este y otros colectivos vulnerables, aunque finalmente la Administración local ha decidido cambiar su uso para alojar a todos los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) que tutela.